El Gobierno de Pedro Sánchez quiere ‘compensar’ a los golpistas catalanes en el Tribunal de Cuentas tras el varapalo del Tribunal Supremo al revisar la condena por el 1-O. Fuentes del Tribunal de Cuentas consultadas por Libertad Digital denuncian que "el Ejecutivo quiere que el tribunal que preside Enriqueta Chicano rebaje 400.000 euros la sanción impuesta a los golpistas catalanes promotores del 9-N".
El Tribunal de Cuentas condenó a Artur Mas, Francesc Homs, Joana Ortega, Irene Rigau y otros altos cargos de la Generalidad de Cataluña por la citada consulta ilegal del 9-N. La sanción ascendió a un total 4.988.620 euros más los intereses legales, que ascienden a 1.030.295 de euros más. La liquidación de esta cuantía la ratificó la consejera de Cuentas del tribunal Elena Hernáez (propuesta por el PP), tras efectuarla en su día la exconsejera Margarita Mariscal de Gante.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "Francesc Homs ha impugnado esta liquidación de intereses, alegando que debe descontarse de su cálculo el importe de las fianzas que presentaron los imputados antes de la celebración del juicio ante el Tribunal de Cuentas".
Según el recurso de apelación que ha presentado Homs, al haberse depositado la fianza, los intereses legales dejan de correr desde el momento de dicha presentación de la fianza. Por ello, solicita que los intereses se rebajen de 1.030.295 euros a 590.547 euros. Si se admite esta tesis, beneficiará a Homs y a todos los demás condenados por el 9-N, pues todos ellos responden solidariamente de los gastos de la consulta ilegal.
Cabe destacar que la consejera Hernáez rechazó el primer recurso de Homs mediante un contundente auto que dictó el 28 de julio de 2022. La fianza conforme a la ley no paraliza nada, y los intereses legales siguen corriendo. No obstante, Homs ha recurrido dicho auto de Hernáez ante la Sala de Justicia del propio Tribunal de Cuentas. En esta Sala tienen mayoría los consejeros propuestos por el PSOE, Diego Íñiguez y Rosario García, frente a la consejera Rebeca Laliga propuesta por el PP.
"En el Tribunal de Cuentas se teme que la Sala de Justicia dé la razón al golpista Homs. Se sospecha que existen presiones de La Moncloa para lanzar un mensaje conciliador a los golpistas catalanes, demostrando que el tribunal (controlado por el PSOE) no es como el Tribunal Supremo. De esta forma, Diego Íñiguez y Rosario García resolverían el asunto de tapadillo, estimando el recurso y rebajando la multa a los golpistas", añaden.
"La Sala de Justicia tenía previsto reunirse el pasado 13 de febrero. Sin embargo, la sesión se desconvocó a última hora a petición de los consejeros socialistas y sin dar explicaciones de ningún tipo. Estas reuniones de la Sala de Justicia se convocan con un mes de antelación, por lo que es muy raro que se anule la convocatoria. Todo apunta a que hay un serio debate interno entre mantener la legalidad y apoyar la decisión de la consejera Hernáez o bien claudicar ante los golpistas al dictado de La Moncloa. Aún se desconoce la próxima fecha en la que la Sala se reunirá, hay un secretismo total", concluyen.
Recordamos que el 9 de noviembre de 2014 los catalanes votaron en urnas de cartón para responder a una doble pregunta: si Cataluña debía ser un estado y si ese estado debía ser independiente. El proceso no contó con ningún tipo de garantía democrática, no existía un censo previo de votantes y se hizo pese a la prohibición del Tribunal Constitucional.
El varapalo del Supremo a los golpistas por el 1-O
El Tribunal Supremo condenaba la semana pasada al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, por delitos de desobediencia y malversación en el 1-O, confirmando su inhabilitación hasta el año 2031. La Sala Penal revisaba así la sentencia sobre el golpe dictada el 14 de octubre de 2019 tras la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición y rebaja la malversación.
La Sala concluía que debe condenar a los acusados Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa como autores de un delito de desobediencia en concurso real con un delito de malversación de caudales públicos. Rechaza rebajar la pena por el delito de malversación que los cuatro tenían impuesta, que quedará extinguida, según la liquidación de condena ya practicada en las respectivas ejecutorias, en el año 2031 en el caso de Junqueras y Bassa, y en el año 2030 en el de Turull y Romeva. Además, condenaba a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart como autores de un delito de desórdenes públicos y a Carmen Forcadell, Josep Rull y Joaquín Forn como autores de un delito de desobediencia.
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