La Fiscalía ha concluido la investigación previa sobre el caso Negreira y no descarta un posible delito de administración desleal cometido por el F.C. Barcelona.
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha estudiado durante meses los pagos del club blaugrana por valor de 7 millones de euros que efectuó desde el año 2001 al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira. No obstante, las pesquisas se centran en los 1,4 millones que recibió entre el año 2016 y el 2018. Dicha investigación comenzó el año pasado a raíz de una inspección de Hacienda a la empresa Dasnil, propiedad del exárbitro.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital destacan que "la Fiscalía ya ha puesto punto y final a sus pesquisas de investigación. En los próximos días tras estudiar los últimos informes del caso decidirá si presenta una querella y la causa se judicializa, o bien el caso se archiva. Esta decisión final podría conocerse esta misma semana".
Tal y como publicó LD, la fiscal del caso deberá informar sobre la investigación efectuada y sus conclusiones a la fiscal jefe de Barcelona y al fiscal superior de Cataluña. Por último, se informará al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación al tratarse de un asunto de "especial trascendencia".
"En la Fiscalía han existido dudas durante estas semanas sobre la trascendencia penal de los hechos investigados. No obstante, a falta de la decisión final del fiscal general del Estado, el Ministerio Público considera que existen suficientes indicios para iniciar al menos una investigación judicial sobre el caso Negreira, independientemente de su resultado final. Por lo menos se tiene que investigar", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por este diario destacan que aunque "la Fiscalía Provincial de Barcelona ha centrado su investigación en un posible delito de corrupción en los negocios, no se puede descartar un posible delito de administración desleal cometido por parte del F.C. Barcelona".
"El delito de administración desleal podría ser atribuido al máximo responsable del club blaugrana en los años investigados (2016-2018). Es decir, al entonces presidente de la entidad Josep María Bartomeu. También se verían salpicados los miembros de la Junta Directiva del F.C. Barcelona encargados de la gestión económica o de los pagos irregulares a Negreira, aquellos que tuvieran dominio sobre el hecho presuntamente delicitivo", concluyen.
El artículo 252 del Código Penal que recoge el delito de administración desleal señala que serán castigados con la pena de prisión de seis meses hasta tres años "los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado". Además, la pena puede llegar hasta ocho años de cárcel cuando la cantidad administrada deslealmente supera los 250.000 euros.
Este viernes el árbitro de VAR Xavier Estrada Fernández se querellaba contra Negreira y su hijo, Javier Enríquez Romero, por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo en pagos por asesorar al F.C. Barcelona. Si el juez admite a trámite la querella, el caso quedaría judicializado y la Fiscalía Provincial de Barcelona debería remitir inmediatamente al juez instructor su investigación tal y como recoge el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim): "Cesará el Fiscal en sus diligencias tan pronto como tenga conocimiento de la existencia de un procedimiento judicial sobre los mismos hechos". Este hecho puede acelerar los planes de la Fiscalía a la hora de hacer públicas sus conclusiones de la investigación.
El otro posible delito de corrupción en los negocios
El delito de corrupción en los negocios viene recogido en el artículo 286 bis del Código Penal: "El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales, será castigado con la pena de prisión de seis meses a cuatro años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja".
"Lo dispuesto en este artículo será aplicable, en sus respectivos casos, a los directivos, administradores, empleados o colaboradores de una entidad deportiva, cualquiera que sea la forma jurídica de ésta, así como a los deportistas, árbitros o jueces, respecto de aquellas conductas que tengan por finalidad predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva", apunta el Código Penal.
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