La Fiscalía estudia enviar la investigación al F.C. Barcelona. por el caso Negreira a la Audiencia Nacional. El Ministerio Público ya ha concluido la investigación previa sobre los 1,4 millones que pagó la entidad blaugrana al entonces vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira, entre el año 2016 y el 2018.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, decidirá en los próximos días si presenta una querella y la causa se judicializa, o bien se archiva. Si se presenta querella, García Ortiz tendrá que determinar si la investigación sigue en manos de la Fiscalía Provincial de Barcelona o bien pasa a manos de la Fiscalía Anticorrupción".
"En tercer lugar, se deberá concretar si el caso se investiga en un Juzgado de Instrucción o bien, las actuaciones se remiten a la Audiencia Nacional para que se investigue el caso Negreira y el caso Soule en un mismo procedimiento", añaden.
En el caso Soule, el Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional investiga el presunto desvío de cerca de ocho millones de euros de la Real Federación Española de Fútbol durante la presidencia de Ángel María Villar. En el caso Soule se investigan también presuntas irregularidades y pagos a Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, por parte de la Federación de menor cuantía.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "la Fiscalía adoptará todas estas decisiones en los próximas días. El tema hay que estudiarlo a fondo aunque a priori no se aprecia conexidad entre el caso Negreira y el caso Soule para ser investigados de forma conjunta en la Audiencia Nacional".
Cabe destacar que aunque la Fiscalía sí apreciara conexidad entre ambas causas, la decisión de estudiarlas en un único procedimiento la adoptaría en última instancia el propio titular del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal.
Recordamos que la postura que adopte en estos días la Fiscalía puede verse condicionada por la querella presentada la semana pasada por el árbitro de VAR Xavier Estrada Fernández contra Negreira y su hijo por presunta corrupción deportiva o fraude deportivo en pagos por asesorar al F.C. Barcelona. Si el juez admite a trámite la querella, el caso quedaría judicializado y la Fiscalía Provincial de Barcelona debería remitir inmediatamente al juez instructor su investigación.
Tal y como desveló este diario, la Fiscalía ya ha puesto punto y final a sus pesquisas de investigación. En los próximos días tras estudiar los últimos informes del caso decidirá si la causa se judicializa o se archiva. Esta decisión final podría conocerse esta misma semana. La fiscal del caso deberá informar sobre la investigación efectuada y sus conclusiones a la fiscal jefe de Barcelona y al fiscal superior de Cataluña.
Por último, se informará al fiscal general del Estado que tendrá la última palabra sobre el futuro de la investigación al tratarse de un asunto de "especial trascendencia". A falta de la decisión final del fiscal general, el Ministerio Público considera que existen suficientes indicios para iniciar al menos una investigación judicial sobre el caso Negreira, independientemente de su resultado final.
La "administración desleal" del F.C. Barcelona
Tal y como publicó LD, aunque la Fiscalía Provincial de Barcelona ha centrado su investigación en un posible delito de corrupción en los negocios, no se puede descartar un posible delito de administración desleal cometido por parte del F.C. Barcelona. El delito de administración desleal podría ser atribuido al máximo responsable del club blaugrana en los años investigados (2016-2018). Es decir, al entonces presidente de la entidad Josep María Bartomeu. También se verían salpicados los miembros de la Junta Directiva del F.C. Barcelona encargados de la gestión económica o de los pagos irregulares a Negreira, aquellos que tuvieran dominio sobre el hecho presuntamente delictivo", concluyen.
El artículo 252 del Código Penal que recoge el delito de administración desleal señala que serán castigados con la pena de prisión de seis meses hasta tres años "los que teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado". Además, la pena puede llegar hasta ocho años de cárcel cuando la cantidad administrada deslealmente supera los 250.000 euros.
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