A la vista de los hechos, el Gobierno de Pedro Sánchez parece estar preparando el terreno para dar la estocada final a los centros de educación especial. Un camino que inició con la aprobación de la Ley Orgánica de Modificación de la LOE (Lomloe) -más conocida como ley Celaá-. Una reforma educativa que ha sido muy contestada por la comunidad educativa y también por las familias con hijos con discapacidad. Se encuentra -sin duda- entre los más perjudicados, por tratarse un sector de la población con una mayor vulnerabilidad.
La nueva norma, que entró en vigor el 19 de enero de 2021, "socava dos derechos fundamentales: el derecho de las familias a elegir la modalidad educativa que desean para sus hijos, y el derecho a la existencia de la educación especial tal y como la conocemos". Así lo explicó el 2 de abril -en declaraciones a Libertad Digital- el presidente de la Asociación Nacional de Centros de Educación Especial (ANCEE), Carlos Valiente, que observa atónito cómo este Gobierno de coalición de izquierdas sigue sin ponerse en contacto con ellos. "No hay diálogo, no nos han tenido en cuenta".
Prueba de ello es lo que ha ocurrido en el I Foro de Investigación en Educación Inclusiva que se celebró en Madrid el pasado mes de enero, convocado por el Real Patronato sobre Discapacidad -institución pública que pertenece al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030-. Supuestamente, debía de ser un encuentro en el que expertos en la materia trabajaran juntos para lograr una educación más accesible e inclusiva. Sin embargo, no invitaron a participar a una organización decana como ANCEE y tampoco al Consejo para la defensa de la discapacidad y la dependencia (CEDDD).
Parece obvio que la creación de es este foro, cuyo trabajo analizaremos a continuación, forma parte de la estrategia de Sánchez para blanquear las leyes más polémicas de su mandato, dando apariencia de consenso y fundamento científico. Pero ni una cosa ni la otra. Resultado de este encuentro de "expertos" de sólo dos jornadas (25 y 26 de enero), ya que -a la vista de la firma de la declaración, el 26 de enero- entendemos que no se ha realizado ningún trabajo posterior, el viernes 28 de abril se presentaba la ‘Declaración por la educación inclusiva y accesible en España’.
Es una nueva "trampa" para "legitimar" el fin de la educación especial, asegura el presidente de ANCEE. No hay más que echar un vistazo a la misma para entender por qué lo dice. Según indica el comunicado con el que se presenta la declaración (tres meses después de su realización y coincidiendo con la proximidad de las elecciones), "desde el I Foro de Educación Inclusiva defendemos firmemente el valor de la ciencia como aliada en la construcción de políticas públicas en el ámbito de una educación inclusiva". Sin embargo, "no se especifican los estudios en los que se basan, ni se dice cómo llegan a esas conclusiones", advierte Valiente.
"Cero transparencia. Me gustaría saber quién, cuándo, cómo y bajo qué tipo de instrumentos y herramientas de evaluación... Pero no explican nada", exclama. El presidente de ANCEE pide que "se haga una comparativa objetiva, real y fehaciente, bajo criterios científicos, entre la educación especial y la ordinaria". "No se puede utilizar la palabra ciencia se esta manera, para respaldar lo que están haciendo" y tampoco "tomar decisiones en los despachos, sin tener un conocimiento directo", asevera.
Absolutista, radical e ideológico
La mencionada declaración, que no respalda con su rúbrica ninguna ONG o asociación de personas con discapacidad, habla de "inclusión sin excepción", advierte Carlos Valiente. Es lo que él llama "inclusivismo radical", ya que no tiene en cuenta que en la discapacidad hay diferentes grados y circunstancias. "Es a la fuerza y de forma inflexible", señala, "todo el mundo tiene que entrar dentro del marco que ellos dicen, defienden el pensamiento único".
"Lo que dicen es que hay que forzar sin excepción a que todos los alumnos, sea cual sea su condición, a que tengan que cohabitar. No admiten ningún tipo de casuística ni de caso concreto", advierte. Se hace hincapié en el carácter "preventivo", obviando así al alumnado con discapacidades graves o muy graves donde la prioridad es otra. "Lo que hacen es absolutizar un punto de vista" y "darle apariencia" de científico, para adecuarlo al fin para que fue creado: "acabar con la educación especial".
"Es problema es que se ideologiza todo", afirma. "El apriorismo es evidente, esto no está hecho a la luz de los datos", reflexiona. "Hemos visto documentos que dicen exactamente lo mismo anteriormente y no hacen referencia a estudios que respalden lo que recomiendan", añade. "La verdadera inclusión es fomentar el desarrollo de personas en la etapa vital concreta que toque en cada momento, para que saquen en el futuro la mejor versión de sí mismos", explica. "Y eso es lo que hacemos en los centros de educación especial".
Reacción ante el ataque
Esta declaración -impulsada por el nuevo foro de la discapacidad, que se ha inventando el Gobierno-, firmada por un puñado de profesores universitarios (aunque se venda como "las principales voces") y ninguna organización para la dependencia, ha propiciado una contundente respuesta por parte de la Asociación Nacional de Centros de Educación especial (ANCEE) en defensa del carácter "netamente inclusivo" de su modalidad educativa. Como explica el presidente de la organización, así lo determina el propio "modelo pedagógico que promueve".
Esto es fácilmente comprobable "por el testimonio de las familias afectadas, por la praxis de sus profesionales y, sobre todo, por el resultado efectivo". "Nunca dejaremos de trabajar con el firme objetivo de asegurar el derecho a la mejor educación posible para el alumnado con necesidades educativas especiales y, más concretamente, con discapacidad, en todas y cada una de sus manifestaciones y grados", añade Valiente. "No es lo mismo un alumno con autismo que uno con parálisis cerebral. Es evidente".
Eufemismos perversos
No podemos caer en la "perversión del lenguaje" y usar "diversidad funcional como eufemismo de discapacidad, para quitarle la carga que tiene de handicap" para defender el "vaciado de la especial" y mezclar a todo el alumnado "sin tener en cuenta sus singularidades". "Muchos de los alumnos con discapacidad no cuentan con las herramientas necesarias para defenderse ante el acoso, por ejemplo". "Y, a día de hoy, ya hay un número inmenso de casos de bullying a niños con discapacidad", indica. Con la unificación, seguirá pasando y probablemente vaya en aumento.
"Estos alumnos también tienen menos recursos también para digerir el drama o el impacto emocional que implica el bullying", añade. "Nosotros (los centros de educación especial) tenemos en cuenta todo esto, sin embargo nos acusan de segregar", asegura, "y es todo lo contrario". En este punto llegamos a lo que Carlos Valiente, la asociación que preside, los centros a los que representa y las familias del alumnado con discapacidad con los que trata cada día defienden: "la compatibilidad de las tres modalidades educativas: la ordinaria, la especial y la combinada".