Las elecciones del 23-J –en plenas vacaciones– se han convertido en el tema de conversación y enfado de media población española. Y, con motivo, especial, de la Guardia Civil. La asociación mayoritaria del cuerpo, JUCIL, acaba de elevar una denuncia al Ministerio del Interior porque, a fecha actual, el Gobierno no ha pagado parte de las dietas por los turnos especiales de los guardias con motivo de las elecciones municipales y autonómicas del 28-M y se temen un trato similar el 23-J.
"Exigimos que se aclare quién y de qué forma se cobrarán las gratificaciones por los servicios prestados durante las elecciones", señala el equipo jurídico de JUCIL. Y es que la asociación profesional ha pedido por medio de una carta registrada a la Dirección General del Cuerpo en el Ministerio del Interior que explique "los criterios para designar quiénes cobrarán por prestar servicio el 28 de mayo pasado y los que lo harán por los comicios generales del 23 de julio próximo".
El motivo de la polémica no es otro que el hecho de que "JUCIL ha recibido numerosas reclamaciones de compañeros de distintos lugares de España que no han sido incluidos en la relación de personal para recibir la remuneración correspondiente a estos servicios". Y "Justicia para la Guardia Civil (JUCIL) ha pedido a la Dirección General que se aclare quién y cómo percibirá gratificaciones por los servicios prestados el 28 de mayo pasado, durante la jornada electoral, y también para que se informe y explique quiénes lo podrán percibir el 23 de julio próximo, tras la convocatoria de las elecciones generales".
La petición ha sido suscrita por José Antonio Gallego, secretario nacional de Especialidades de JUCIL, y en ella se recuerda que los servicios extraordinarios realizados por miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, con motivo de la celebración de procesos electorales se deben retribuir "de acuerdo con las cantidades y criterios que se establezcan en las instrucciones económico administrativas aprobadas por el Ministerio del Interior para cada proceso electoral". Es más, "si quedase acreditada la remuneración por otras Administraciones de esos mismos servicios, la Administración del Estado no vendrá obligada a retribuir dichos servicios extraordinarios", según señala el Real Decreto que regula estas gratificaciones. Por lo que es absolutamente necesario saber "quién paga y a quién para poder hacer un seguimiento del cumplimiento de esta obligación", añaden desde la asociación.
Solicitan información al Ministerio
"A fecha actual, se han recibido en esta Secretaría Nacional, numerosas quejas de personal que prestó servicio en dicha jornada electoral, y que no han sido incluidos en las relaciones de personal para percibir la remuneración correspondiente, concretamente, entre este personal excluido está aquel que ha prestado servicio en protección de instalaciones esenciales o infraestructuras críticas", afirma José Antonio Gallego en el escrito dirigido a la Dirección General. "Por ello, mediante el presente se viene a solicitar que tenga a bien informar sobre los criterios seguidos para la decisión de qué componentes del cuerpo han de percibir las gratificaciones por prestar servicio el día 28 de mayo, y quiénes están excluidos pese a serle nombrado específicamente ese día servicio de protección de instalaciones esenciales o infraestructuras críticas", añade el escrito.
La carta concluye pidiendo que "tenga por presentado este escrito, junto con sus copias, se sirva admitirlo, y tras los correspondientes trámites y gestiones legales oportunas, tenga a bien informar sobre los criterios seguidos para la decisión de qué componentes del cuerpo han de percibir las gratificaciones por prestar servicio el día 28 de mayo, y quiénes están excluidos pese a serle nombrado específicamente ese día servicio de protección de instalaciones esenciales o infraestructuras críticas".
JUCIL explica también en su escrito "que, en caso de haberse excluido indebidamente a dicho personal de la gratificación por servicio extraordinario", se deberá "ordenar y proceder al abono de las cantidades correspondientes por los servicios prestados en las elecciones locales y a las Asambleas de Ceuta y Melilla, y que formaron parte del dispositivo de seguridad".