El Gobierno ignoró más de un año la falta de colaboración de Israel para esclarecer el espionaje al presidente Pedro Sánchez con el programa Pegasus. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, archivaba este lunes de la causa abierta por la infección con este programa informático de los dispositivos móviles del presidente de Gobierno y de los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas, respectivamente.
El magistrado recriminaba la "absoluta" falta de cooperación jurídica de Israel, que no había contestado la comisión rogatoria enviada por la Audiencia Nacional en mayo de 2022 con una solicitud de información a la empresa propietaria de Pegasus, NSO GROUP, y la petición de declaración como testigo de su CEO. Una solicitud de cooperación jurídica, que fue necesario ampliar en una ocasión y recordada dos veces para su cumplimiento.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "no es habitual que un país no conteste ni siquiera las comisiones rogatorias. El Ejecutivo podría haber recurrido a la vía diplomática a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, remitiendo una comunicación verbal a la embajada de Israel para que contestasen la comisión rogatoria".
El Ejecutivo tenía conocimiento directo en la causa de la falta de cooperación de Israel ya que estaba personado a través de la Abogacía del Estado. Además, el Ministerio de Justicia de Pilar Llop confirmó la remisión de las comisiones rogatorias a este país a través de cuatro comunicaciones enviadas a la Audiencia Nacional.
El propio instructor José Luis Calama hacía referencia a este asunto en el auto de archivo de la causa: "Solo resta una eventual vía diplomática que sea capaz de impulsar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los tratados internacionales, y cuyo ejercicio corresponde al Gobierno, en este caso, además, víctima del delito objeto de investigación. Sin duda, la Abogacía del Estado, personada en las presentes actuaciones, como representante procesal de la Administración General del Estado, impulsará el ejercicio de dicha vía a través de los mecanismos con los que a tales fines cuenta el Gobierno de España".
Tal y como publicó LD el pasado mes de mayo, el Gobierno estaba dejando morir la investigación del caso Pegasus al no recurrir a la vía diplomática con Israel porque "no interesaba la verdad".
Cinco infecciones en el móvil de Sánchez
El auto del magistrado José Luis Calama recogía que el móvil del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentaba indicios de haber sido infectado por Pegasus en cinco ocasiones, entre octubre de 2020 y diciembre de 2021. La primera de las intrusiones en el móvil de Sánchez se habría producido el 13 de octubre de 2020. La segunda infección tuvo lugar el 19 de mayo de 2021, dos días después del asalto de unos 10.000 inmigrantes en Ceuta que precisamente llevó a Sánchez a visitar la ciudad autónoma. El tercer ataque al móvil de Sánchez tuvo lugar el día 31 de ese mismo mes. El cuarto el 12 de junio y el último se produjo el 27 de diciembre de 2021.
Así recogía el magistrado las infecciones a Sánchez: "Se ha producido exfiltración de información del dispositivo. Los procesos que han sido detectados como dañinos son, en primer lugar, ‘aggregatenotd’. Se observa su primera aparición el 19 de mayo de 2021, lo cual confirma que en dicha fecha el dispositivo estaba comprometido. Lo más probable es que se desinstalara el 22 de mayo de 2021. La cantidad de información exfiltrada entre ambas fechas es, al menos, de 2.57GB. En segundo lugar, ‘Hmdwatchd’, cuya primera aparición es observada el 31 de mayo de 2021, lo cual confirma que en dicha fecha el dispositivo estaba comprometido. La cantidad de información exfiltrada por dicho proceso es, al menos, de 130MB. Además, se han encontrado inconsistencias en ficheros del sistema del iPhone entre el 19 de mayo de 2021 y el 31 de mayo de 2021, lo cual confirma las infecciones en ambas fechas".
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