
Una de las consecuencias más notorias de la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña para frenar el golpe de Estado separatista de 2017 fue el desmantelamiento de la red exterior de la que se había dotado la Generalidad para difundir el proceso separatista y la propaganda antiespañola. El 155 sirvió para desarticular la telaraña tejida por el separatismo en medio mundo para extender la hispanofobia, trabar alianzas y facilitar el golpe.
Tras las elecciones autonómicas catalanas de diciembre de 2017, el Gobierno que entonces presidía Mariano Rajoy comenzó a desactivar la aplicación del 155 y una de las primeras consecuencias fue la reanudación de la actividad en el extranjero de la Generalidad, siempre encaminada a vender la independencia y despotricar contra España.
Casi seis años después, la actual consejera de Acción Exterior y Unión Europea, Meritxell Serret (que formó parte del gobierno golpista de Puigdemont, se fugó a Bélgica y regresó a España cuando tuvo garantías de que no sería encarcelada), se ha jactado en Roma de que la Generalidad ya dispone del doble de embajadas que cuando se aplicó el 155 y que la intención es abrir más, sobre todo en Asia Meridional, el Sudeste Asiático y el África Oriental.
Según los datos de la propia Generalidad, en la actualidad dispone de 20 "delegaciones del Govern en el exterior". Se trata de "embajadas" ante la Unión Europea, Alemania, Andorra, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, África Meridional, Cono Sur, Estados Unidos y Canadá, Europa Central, Francia, Italia, Japón, México y Centroamérica, Norte de África, Países Nórdicos y Bálticos, Portugal, Reino Unido e Irlanda, Senegal, Sudeste de Europa y Suiza.
La intención de la Generalidad es promover una "hoja de ruta" hasta el año 2026 con la que expandirse en Asia y África, así como reforzar las "áreas estratégicas ya cubiertas" como los Estados Unidos y la Unión Europea.
Veinte "embajadas" más la de Madrid
Así, se nombrará un "enviado especial" para Irlanda, otro para el Quebec y abrir una nueva "embajada" para los Estados Andinos con sede en Bogotá con la ayuda del presidente de Colombia, Gustavo Petro, uno de los principales valedores internacionales que tuvo el referéndum ilegal del golpe de Estado.
Según las cuentas de la consejera Serret, la Generalidad dispone de 21 delegaciones porque incluye entre ellas la oficina de la Generalidad en Madrid. "Ningún territorio con las características de Cataluña dispone de una red de representación institucional comparable", ha declarado Serret. También ha dicho que no se arredrará nunca ante las "fuerzas reaccionarias" que cuestionan que una región española disponga de "embajadas" para atacar a España. La intención, ha destacado, es invertir más recursos en esa red, clave para el éxito de una futura asonada.

