Tras desmantelar la "asamblea de representantes" del denominado ‘Consejo de la República’, el prófugo Carles Puigdemont ha dado un paso más, esta vez en el partido. El expresidente de la Generalidad quiere tener las manos libres en la negociación con el PSOE sobre la amnistía y la autodeterminación y ha decidido remodelar la ejecutiva de su partido, Junts per Catalunya (JxCat), con la creación de un secretariado permanente que será autónomo en la toma de decisiones.
La nueva instancia contará con la participación de la presidenta del partido, la condenada por corrupción Laura Borràs, el secretario general, el indultado Jordi Turull, el secretario de organización, David Torrents, los vicepresidentes Anna Erra, Josep Rius y Aurora Madaula, la tesorera, Teresa Pallarés, el adjunto de Turull David Saldoni, los diputados Albert Batet (Parlament), Miriam Nogueras (Congreso) y el senador Josep Lluís Cleries.
Del nuevo núcleo duro de Junts han desaparecido todos los partidarios de regresar a la esencias pactistas y supuestamente moderadas de Convergència, tales como los exconsejeros de la Generalidad Jaume Giró, Damià Calvet, Violant Cervera o Lourdes Ciuró. El movimiento de Puigdemont, que renunció a la presidencia del partido para centrarse en el Consejo de la República y tras el 23-J ha retomado las riendas de JxCat, se enmarca en el prólogo de las negociaciones para la investidura. El prófugo ha asumido el mando absoluto de las operaciones y para dejarlo claro ayer anunció una aparición pública el próximo martes 5 de septiembre en las que fijará las condiciones para pactar.
En Junts, que según la información del propio partido cuenta con unos cinco mil afiliados al corriente de pago, nadie cuestiona la estrategia de Puigdemont, erigido en un referente que va más allá de la política. Los supuestos "moderados" plegaron velas tras el pacto suscrito con el PSOE para la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso, movimiento que se interpretó como una vuelta al redil de la política institucional del partido que cargó contra el "diálogo" entre ERC y el Gobierno de Pedro Sánchez, la concesión de los indultos y la reforma del Código Penal para eliminar la sedición y rebajar la malversación.
El nuevo órgano de decisión de Junts no tendrá que someter sus apuestas a la ratificación de la ejecutiva, aunque hay un debate en el seno de la formación sobre si el acuerdo final al que se llegue con Pedro Sánchez debe ser ratificado por las bases, tal como se hizo el pasado octubre cuando el partido abandonó el gobierno de la Generalidad.