Mientras el Congreso estrena este martes los plenos con pinganillo en la que supone la primera gran concesión de Sánchez en las negociaciones para la legislatura, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, defenderá también hoy en Europa una modificación del reglamento que rige el uso de las lenguas en la UE para que el catalán, el gallego y el euskera sean también oficiales en Bruselas.
El debate forzado por España, que ostenta la presidencia de turno de la UE, se celebrará en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la UE, que estará dirigida por el secretario de Estado de la UE. Junto a él estará Albares, encargado de defender una propuesta que ha despertado reticencias en buena parte de los países europeos.
Como presidencia rotatoria, España decidió incluir este punto en el orden del día de este martes y lo hizo previendo un debate y posterior adopción de decisión, un extremo que fuentes diplomáticas citadas por Europa Press fue recibido con sorpresa por el resto de delegaciones, muchas de las cuales trasladaron que no están preparadas para pronunciarse.
"Sigue habiendo muchas preguntas sobre las implicaciones (de la modificación) que no han sido contestadas", indicó un alto diplomático tras los primeros contactos informales entre gobiernos, para insistir en que "nadie está preparado" para tomar una decisión.
Entre las alegaciones de los países que dudan está que sería necesario que la petición española fuera examinada por los servicios jurídicos del Consejo. Así lo trasladaron varios países el viernes durante un primer intercambio de opiniones de los Veintisiete a nivel de embajadores para preparar la reunión de este martes. Cerca de la mitad de los embajadores, además, tomaron la palabra para señalar dudas sobre las consecuencias políticas, legales, financieras y prácticas.
Albares, en la UE: "No son lenguas minoritarias"
El ministro en funciones de Exteriores ha defendido este martes en Bruselas, antes de la reunión del Consejo de Asuntos Generales, la propuesta española para modificar el reglamento 1/1958 insistiendo en que el catalán, el euskera y el gallego no son "lenguas minoritarias": "Son idiomas que hablan millones de personas".
El jefe de la medida española ha subrayado que "estos idiomas se usan dentro del Parlamento español", en alusión al pleno de este martes, y que "no se trata de una propuesta nueva", ya que, según él, en 2005 se acordaron "arreglos administrativos" para que catalán, gallego y euskera se usen en la UE. "En concreto", añadió Albares, "les trasladaré –al resto de ministros de la UE– que el catalán es hablado por más de diez millones de personas, lo cual le sitúa por encima de muchas de las lenguas que en estos momentos son oficiales".
El Gobierno promete pagar
El Gobierno ha asegurado que asumirá el coste financiero de oficializar la traducción e interpretación al catalán, euskera y gallego de debates y documentos oficiales en las instituciones de la UE (incluidos Tratados y el acervo), pero fuentes diplomáticas advierten de que ello no resolvió las dudas porque ni España ha puesto cifra a esos gastos, ni queda claro el impacto que un precedente así tendría en la incorporación de lenguas futuras.
También frena las opciones de acuerdo el temor entre varias delegaciones al encaje legal en los Tratados, aunque España defiende que la oficialidad de estas lenguas está reconocido por su Constitución y expone su introducción en el Congreso de los Diputados; así como el posible "efecto dominó" que podría generar en otros Estados miembro que se abriera la puerta a lenguas regionales.
España considera que el artículo 55.2 del Tratado de la UE que faculta a los Estados miembro a traducir con valor jurídico el propio Tratado a cualquier otra lengua que su orden constitucional reconozca como oficial "en la totalidad o en parte de su territorio" puede ser la llave de entrada del catalán, euskera y gallego.
No obstante, fuentes de uno de los Estados miembros reticentes consultadas por Europa Press interpretan que el artículo en cuestión permite delegar un poder europeo a poderes nacionales mientras que lo que plantea España va en dirección inversa, es decir, que poderes nacionales se conviertan en europeos.
En estas circunstancias, la solicitud del aval jurídico del Consejo y evaluaciones de impacto detalladas sobre los aspectos financieros y administrativos hacen casi imposible que hoy se tome una decisión.
Se trata de documentos que requieren su tiempo de elaboración y varias delegaciones han dejado claro que quieren que todo ello sea examinado y discutido "en detalle a nivel técnico", es decir, en grupos de trabajo en los que abordar la reflexión más a largo plazo, y que consideran que "es muy pronto para tomar una decisión".
Los países en contra
El pasado miércoles, Suecia fue el primer gobierno en mostrarse públicamente indeciso al pedir examinar "más a fondo cuáles son las consecuencias jurídicas y financieras de la propuesta" y el viernes fue Finlandia quien advirtió de que el uso del catalán, el euskera y el gallego en la UE podría ralentizar la toma de decisiones en el ámbito comunitario y retrasar la entrada en vigor de futuras normativas.
Para países como Bélgica o Países Bajos es complicado tomar una decisión sin tener sobra la mesa evaluaciones de impacto o detalles sobre como "articular" la entrada de tres nuevas lenguas y una reflexión sobre el modo en que ello afectará al funcionamiento de la Unión Europea.
Mientras, para otros socios como Francia, en donde el reconocimiento de las lenguas regionales es un asunto delicado, las reservas van más allá de los elementos técnicos. Hasta el momento, ningún Estado miembro ha tomado posición en contra de la propuesta española y algunos se han mostrado receptivos desde el primer momento, pero la decisión requiere el apoyo unánime y son varios los que piden estudiar con más cautela el proceso.