El acuerdo entre el PSOE y ERC para traspasar los trenes, las vías y las estaciones de la red de cercanías de Renfe en Cataluña ha provocado una dura reacción por parte de los sindicatos de Renfe y de Adif, que han convocado cinco días de huelga los próximos 24 y 30 de noviembre y 1, 4 y 5 de diciembre. Los comités de empresa de ambas compañías han denunciado "falta de información" sobre las afectaciones que este traspaso tendrá sobre las condiciones laborales de los trabajadores.
Los comités de empresa de Renfe y Adif están formados por representantes de UGT, Comisiones Obreras, la CGT, el Sindicato Ferroviario y el Sindicato de Circulación Ferroviario. Portavoces de todos estos sindicatos se han mostrado en contra del traspaso y acusan a la Generalidad de pretender llevar a cabo una privatización encubierta de los servicios ferroviarios.
El malestar entre las plantillas de Renfe y Adif es de tal envergadura que ha obligado al secretario general de la UGT, José María Álvarez, a salir al paso de la decisión del PSOE. Álvarez ha llegado a afirmar que no permitirá un proceso de tal envergadura y que afectaría a 2.000 trabajadores "sin que se den detalles". El secretario general de Comisiones, Unai Sordo, también ha alzado la voz contra el traspaso y ha destacado que sería "perjudicial" para las condiciones laborales de los empleados de ambas empresas. Desde los dos sindicatos se señala también que en caso de que se lleve a cabo el traspaso será un proceso largo y no exento de dificultades legales. Según los sindicatos, el acuerdo entre socialistas y republicanos podría quedar en papel mojado.
El gobierno catalán ha tratado de salir al paso de la revuelta sindical afirmando que no se tocarán las condiciones laborales de los trabajadores y que tanto Renfe como Adif en Cataluña seguirán siendo "100% públicas" mientras que el Gobierno aduce que el acuerdo suscrito con ERC sólo contempla de momento los aspectos políticos del traspaso y que todavía no se ha entrado en los detalles técnicos de la operación. También especifica que el traspaso sólo contempla tres líneas y que quedarán fuera las líneas e infraestructuras relativas a las conexiones con las comunidades autónomas limítrofes, el tráfico internacional y el transporte de mercancías.
La rebelión sindical se suma a las críticas de Junts per Catalunya (JxCat) contra ERC, a quien acusa de haber vendido un traspaso integral de los servicios y las infraestructuras de las cercanías en Cataluña cuando en realidad se trata de un traspaso parcial con muchos aspectos pendientes y a cargo de una nueva empresa formada por la Generalidad y el Estado en el que el Gobierno retiene competencias y poder de veto.