El PSOE ha presentado la proposición de Ley de Amnistía que ha acordado con los separatistas catalanes de ERC y Junts con el apoyo de Sumar firmada por el portavoz del grupo parlamentario socialista, Patxi López. El preámbulo y el texto de la misma han sido objeto en estas últimas horas de un análisis exhaustivo por parte de juristas de prestigio, periodistas y analistas que han advertido del peligro para el Estado de Derecho español de aprobar esa Ley.
Uno de esos juristas es el vocal del CGPJ José María Macías que ha analizado en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio las consecuencias de aprobar dicho texto. Macías ha advertido que el análisis del mismo no ha dejado de sorprenderle el "texto de la exposición de motivos" porque "no es que afirme la costitucionalidad de la Ley, es que hay una línea en la página nueve en la que afirma que ya ha sido declarada constitucional".
Uno de los puntos que le ha producido "una intensa preocupación y tristeza" es "la profunda tergiversación de la historia en tiempo real" porque sobre lo ocurrido durante los últimos años en Cataluña "se cuenta un cuento de hadas que no tiene nada que ver con la realidad" y que demuestra "la venta del Estado de Derecho por siete votos". Además, ha indicado que la Ley de Amnistía tiene un diseño "para un Tribunal Constitucional que hará un puro examen formal alejado de la realidad y que dará por cierta la historia que incluye ese preámbulo".
El lawfare
El supuesto lawfare que ha sido criticado por parte de la izquierda y que aparecía en el pacto entre el PSOE y Junts "está ahí" aunque "no hace falta que aparezca mencionado" tras "el pacto indigno" entre la formación de Pedro Sánchez y la de Carles Puigdemont. En este sentido, ha explicado que "la posibilidad de que se constituyan comisiones de investigación está ya regulada en los reglamentos de las Cámaras" por lo que "no es necesario que la Ley lo vuelva a hacer". Sin embargo, "el pacto es una amenaza directa en términos mafiosos, un toque de atención a los jueces" porque "la advertencia de que si cree que hay lawfare ya voy a investigar ya está lanzada".
Sobre las comisiones de investigación por parte de políticos hacia investigaciones judiciales en marcha ha recordado que hoy en día "en el Parlamento de Cataluña hay constituida una comisión de investigación por el caso Pegasus que periódicamente requiere al magistrado Pablo Lucas para que cometa un delito de revelación de secretos". "Se está investigando con absoluto desparpajo una investigación judicial", ha indicado José María Macías sobre esta comisión parlamentaria catalana porque a Pablo Lucas "le conozco dos requerimientos formales" y que esto "da idea la sensación de impunidad con la que se mueve esta gente en ese Parlamento".
"Ahora en ese pacto que se decía que se iban a investigas los episodios de lawfare" mientras se amnistía a "individuos que violentaron el Código Penal", gente que "durante 10 años violó la Ley de manera sistemática sin que se le pusiera coto a semejante situación". Cree que las investigaciones parlamentarias hacia la actividad judicial "tirará adelante como está tirando lo del Parlamento de Cataluña" y que "la amenaza mafiosa no tiene arreglo" por mucho que ahora digan que eso no se ha dicho cuando "lo ha entendido toda España". "¿Cómo se puede pretender decir que lo que se ha escrito es otra cosa? ¿Cómo se puede decir que el presidente del Gobierno no lo dijo?", se ha preguntado.
El papel de Europa
José María Macías ha explicado el mecanismo con el que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría poner coto a la Ley de Amnistía del PSOE. Ha contado que "Europa tiene un Poder Judicial absolutamente confuso" porque "el Tribunal de Justicia de la Unión Europea son las dos formaciones de tribunal, pero eso no es el Poder Judicial Europeo, por llamarlo de esta manera, sino todos y cada uno de los jueces de los Estados miembros que tienen que aplicar derecho de la Unión".
"Desde el mismo momento que un tribunal potencialmente puede llegar a aplicar derecho de la Unión se convierte en juez europeo protegido por el derecho de la UE y sometido a los principios del derecho de la UE. Por eso, en el caso de Polonia, el TJUE tuvo muy presente que las garantías de independencia que el tratado de la UE exige respecto del TJUE se tienen que aplicar también a todos y cada uno de los jueces europeos potencialmente aplicadores del derecho de la UE. En España estos jueces son todos y cada uno de los que hay. Por eso los jueces españoles además de la protección que les brinda la Constitución Española en la medida que se pueda aplicar están protegidos también por el derecho de la UE", ha indicado.
"La UE es complicada porque es derecho pero también es diplomacia por eso es muy importante que lo que se está haciendo aquí haya vías procesales para llevarlas al TJUE. Y esas vías existen. La demanda directa tratándose de particulares contra decisiones de un poder del Gobierno o el Parlamento no hay. Eso podría hacerlo la Comisión a través de un recurso de incumplimiento pero es algo complejo en el que se mezcla tanto el derecho como la diplomacia. Lo que sí hay es la posibilidad de que el tribunal que tiene que adoptar una decisión aplicando esa ley, antes de aplicarla suspenda el procedimiento y se dirija al TJUE", ha contado el vocal del CGPJ.
En este sentido, ha detallado que "examinando el contenido de la Ley hay algo que me ha producido absoluto pasmo que es la absoluta desfachatez con la que la Ley directamente deja sin efecto resoluciones judiciales. No les dice a los jueces que las dejen sin efecto sino directamente se deja sin efecto y, además, se afirma que no puede producir efectos suspensivos de ningún tipo ese dejar sin efecto". José María Macías ha apuntado que "eso se refiere al parrafito dedicado directamente al señor Puigdemont. Son tres líneas en las que se dice que se dejan sin efecto las órdenes tanto europeas como nacionales para la detención del señor Puigdemont sin intervención del tribunal en absoluto. Eso es groseramente contrario al derecho de la UE y a la propia Constitución, el que la Ley se arrogue la capacidad directamente de dejar sin efecto resoluciones judiciales sin intervención siquiera del tribunal. Eso se ha hecho sólo sobre la medida cautelar".
"Respecto del resto, archivar los procedimientos tiene que hacerse mediante una resolución judicial, con intervención del Ministerio Fiscal y audiencia de las partes. Antes de adoptar esa decisión el tribunal que tiene que adoptarla está legitimado para dirigirse al TJUE y preguntar si con arreglo a los artículos 2 y 19 del Tratado de la Unión esa ley es compatible con el derecho europeo. Si el TJUE al responder a esa consulta afirmara que la Ley de Amnistía no es conforme a esos artículos entonces el tribunal español está habilitado para no aplicarla por principio de primacía que es que allí donde se produce una contradicción entre el derecho nacional y el europeo prima el Europeo y se dejaría de aplicar la norma contradictoria", ha explicado José María Macías.
Explicación clara al TJUE
El vocal del CGPJ ha añadido que la vía procesal para dejar sin efecto la Ley de Amnistía "existe" y "escapa por completo al control del Gobierno, del Parlamento y es ajena al Tribunal Constitucional. Esa es la vía que no hay una posibilidad de manipulación interna". Aunque "el único requisito para que en una situación de contradicción entre el derecho de la union y el derecho nacional para dejar de aplicar el derecho nacional es que esto esté claro y para que esté claro primero se le pregunta al TJUE". Ante la justicia europea "el Tribunal Supremo tendrá que proporcional una explicación completa y acabada si remitiese ese texto. Si finalmente fuera el que se aprobase, con la justificación que tiene, con una profunda alteración de la verdad según la explicación que se hace en la exposición de motivos".
"Es la primera vez que veo que se redacta una mentira histórica en el presente" ha dicho Macías que cree que "esta Ley dentro de una generación cuando alguien la lea si no tiene un conocimiento de la historia real se llevará una imagen de lo que sucedió totalmente tergiversada". Por eso ha remarcado que "es importante que el Tribunal Supremo cuando se dirija al TJUE le explique realmente lo que hay: que esta ley procede de un pacto en el que se estaba hablando de lawfare, que un presidente del Gobierno una semana antes de que esto se presentase en el registro las razones para aprobar la ley eran otras completamente diferentes".
Sobre la explicación de Pedro Sánchez "a la militancia de las razones para la venta del Estado de Derecho en España" ha dicho que sintió "perplejidad y desconcierto absoluto". Cree que "esa explicación y la realidad es la que tiene que conocer el TJUE para que pueda emitir un juicio cabal. Si se queda meramente con la explicación formal y falsa que va incorporada a la exposición de motivos de la proposición la bondad, el buenismo y la absoluta virginidad de intenciones que resultan de esa exposición de motivos son absolutamente enternecedoras".
Ha finalizado señalando que leyendo algunos párrafos ha dudado de que tengan el bachillerato los redactores y ha dicho que "ha sido duro de leer porque estamos hablando de terrorismo" y no puede "dejar de presentar en ese policía al que le reventaron las vértebras". También ha apuntado que esta Ley de Amnistía "sólo la presenta el Grupo Socialista. Primero para que vean que están en sus manos, pero implica que quienes han pactado semejante ignominia ni siquiera se comprometen con ella".