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Eligio Hernández

El infame acuerdo PSOE-Junts

Los independentistas volverán a traicionar a España, pero ahora la traición les será servida en bandeja por Pedro Sánchez.

Los independentistas volverán a traicionar a España, pero ahora la traición les será servida en bandeja por Pedro Sánchez.
Carles Puigdemont y Pedro Sánchez. | Archivo

El PSOE y sus panegiristas militantes y mediáticos —con El País a la cabeza, periódico que ha perdido el prestigio de antaño— han elogiado con entusiasmo el pacto PSOE-Junts, firmado en Bruselas, afirmando, sin rubor, que devuelve a los independentistas al marco constitucional, cuando es evidente que desborda el marco constitucional, como se desprende de algunos de los siguientes acuerdos:

1) Junts considera legítimo el resultado y el mandato del referéndum del 1 de octubre, así como la declaración de independencia del 27 de octubre del 2017. No hay, pues, una renuncia a la declaración unilateral de independencia como, contrariamente, están pregonando algunos militantes socialistas, tertulianos y medios de comunicación. Al contrario, lo independentistas pueden volver a declarar ("o tornarem a fer") la independencia o, simplemente, restablecer la declaración de independencia de 2017 que consideran legitima.

El PSOE niega en este acuerdo toda legalidad y validez al referéndum y a la declaración, y mantiene su rechazo a cualquier acción unilateral, pero oculta que el gobierno carece de instrumentos legales para materializar ese rechazo, pues en el nada inverosímil caso de que en el Parlamento catalán se celebrara una sesión como las del 6 y 7 de septiembre de 2017, o derogaran la vigencia de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y, a continuación, proclamaran la independencia de su territorio o restablecieran la declaración de independencia de 2017, los fiscales y los jueces estarían completamente desarmados para responder penalmente a esa actuación, por el simple hecho de que no existiría en el Código Penal ningún delito del que acusar a los responsables del desafuero, al ser derogados los delitos de rebelión y sedición. El único instrumento que le quedaría al Estado sería recurrir de nuevo al artículo 155, pero este es por definición transitorio, carece de contenido jurídico-penal, y depende del apoyo del PP en el Senado, además de que, el Gobierno de Sánchez, en minoría socialista en el Congreso, sufriría el abandono en masa de todo el bloque nacionalista. Los militantes socialistas que han votado favorablemente la consulta, que no incluía la amnistía, sobre los pactos con los independentistas saben que el rechazo a cualquier declaración unilateral de independencia es una quimera y un engaño, pero celebran el acuerdo, cegados algunos por el pesebrismo político y por el culto a la nada fiable personalidad de Sánchez, como no la ha tenido ningún líder histórico del PSOE.

2) Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Catalunya amparado en el artículo 92 de la Constitución. Por su parte, el PSOE defenderá el amplio desarrollo, a través de los mecanismos jurídicos oportunos, del Estatut del 2006, pero no se opone a la autodeterminación ni la rechaza, a sabiendas que la prohíbe la Constitución, la Unión Europea y las Naciones unidas, como he analizado en diferentes artículos, lo cual es preocupante, porque el Estado está desarmado para impedir la autodeterminación.

La convocatoria de un referéndum es competencia del Gobierno del Estado previa autorización del Congreso de los Diputados, y solo puede tener carácter "consultivo" (artículo 92.C.E.). Este es el marco legal vigente y, por tanto, el único aplicable, como reconoce el artículo 122 del Estatuto de Cataluña. La apelación por Junts en el acuerdo a la vía del referéndum de autodeterminación pactado, lo hace conociendo que el gobierno de la Nación no puede convocar un referéndum de autodeterminación para Cataluña por estar prohibido por la Constitución, a menos que ésta se reforme, para lo cual, los independentistas, con el PSOE, que forman Gobierno, no tendrían la mayoría cualificada que exige el art.167.1 de la Constitución, si no la conforma el Partido Popular.

3)La ley de Amnistía debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta del 2014 y del referéndum del 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos. En este sentido, las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas.

Este acuerdo es el más grave de los anteriores porque permite, nada menos, que se pueda investigar a los jueces por una comisión parlamentaria, lo cual es jurídicamente imposible ya que en ningún Estado de Derecho puede existir una norma que obligue a los jueces a comparecer en el Congreso. Las asociaciones judiciales, conservadoras y progresistas, la Comisión Permanente del CGPJ con el voto favorable de algunos Vocales progresistas, la inmensa mayoría de los profesores de derecho, de abogados y juristas de diversas profesiones han expresado su rechazo a este esperpéntico acuerdo que quiebra la separación de poderes y supone una intromisión en la independencia judicial. Se trata de un enfrentamiento con la Judicatura que no había sucedido en la historia contemporánea de Estaña, ni siquiera durante el franquismo. Ante semejante dislate, el ministro de la Presidencia, Felix Bolaños, ha tenido que desmentir patéticamente que se vayan a crear las Comisiones de Investigación que expresamente recoge el acuerdo. No ha podido decir que es un cambio de opinión como nos tienen acostumbrados. Veremos si este acuerdo se tiene en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía, que los jueces no aplicarán si plantean una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Los independentistas catalanes volverán a declarar o restablecer unilateralmente la independencia, ya que la política de concesiones al independentismo, en lugar de apaciguarlo, se vigoriza, como o ha afirmado el que fuera Magistrado del Tribunal Constitucional, Manuel Aragón. Los independentistas traicionaron a España en la Primera República, en la Segunda República y durante la guerra civil, como dejó escrito Azaña en su excelente La velada de Benicarló. En se texto, acusa expresamente de traición a la Generalitat y en su artículo La Insurrección libertaria y el Eje Barcelona-Bilbao, sentenció: "Los hechos, parecen demostrar que, con monarquía o con república, en paz o en guerra, bajo un régimen unitario y asimilista o bajo un régimen autonómico la cuestión catalana perdura como un manantial de perturbaciones, de discordias apasionadas, de injusticias. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español". Los independentistas volverán a traicionar a España, pero ahora la traición les será servida en bandeja por Pedro Sánchez.

Eligio Hernández es un jurista español. Ejerció como Fiscal General del Estado entre 1992 y 1994, designado por el gobierno de Felipe González.

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