Pedro Sánchez se ha dado cuenta de que los fiscales no van a tragar con una ley de amnistía inconstitucional. Y ha decidido apretar aún más las tuercas en esta institución clave. Ya no vale con el control jerárquico del fiscal general, Álvaro García Ortiz. Ahora busca la implantación en cargos clave de los afines ideológicamente.
La denuncia ha sido efectuada por la Asociación de Fiscales, la organización mayoritaria que representa a los fiscales independientes. Y la descripción de su queja es reveladora de la gravedad del movimiento político: "Nombramientos: el marcado carácter ideológico de los nombramientos discrecionales dentro de la institución del Ministerio Fiscal". La asociación explica su denuncia: "La mayoría de los nombramientos de los Fiscales de Sala y demás cargos de responsabilidad dentro de la Carrera Fiscal han sido realizados a favor de fiscales afines ideológicamente y de la misma asociación profesional a la que pertenecían los Fiscales Generales del Estado que han desempeñado este cargo durante la última legislatura". Es decir, cercanos al Gobierno de Pedro Sánchez. "Exigimos que se vuelva a una política de nombramientos motivada en los principios de mérito y capacidad", explican.
Desde la entidad señala que "la Justicia profesional exige un aumento del número de plazas de Fiscales, con una progresiva reducción de la desproporción entre ciudadanos por cada fiscal, en paralelo a lo que sucede en el resto de Europa. Se debe poner fin a la situación no deseable de los compañeros en situación de expectativa de destino, con el correspondiente perjuicio de su conciliación personal y familiar". Pero todo ello se debe hacer con criterios de "mérito y capacidad", no de "afinidad ideológica".
Sobre el sistema de acceso a la profesión, la Asociación señala que "con la finalidad de garantizar los derechos de los ciudadanos y la autonomía de los Fiscales, debe mantenerse el sistema de oposición libre en la selección de los Fiscales". Y es que el Gobierno ya ha empezado a retocar los mecanismos de acceso, por ejemplo, a las plazas de inspector de Hacienda. Y el temor empieza a extenderse en otros cuerpos de la Administración del Estado.
Hay que recordar que no se trata de la primera denuncia en este sentido de los fiscales independientes. La colonización de las instituciones por parte de Pedro Sánchez va a más y la Asociación de Fiscales ha remitido recientemente una carta al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, denunciando la creación de plazas en el Ministerio público sin la necesaria "transparencia" y sin una justificación en base a la "carga de trabajo" real. La denuncia surgió justo cuando el Gobierno había recibido ya la denuncia del otro cuerpo mencionado, el de inspectores de Hacienda, desvelando la colocación a dedo en la Agencia Tributaria de personal aupado por motivos políticos y no de mérito.
La carta remitida por los fiscales al fiscal general relataba cómo "en fecha 21 de octubre de 2022 la Asociación de Fiscales se dirigió a V.E. con la finalidad de solicitar la medición de la carga de trabajo de los fiscales, petición que ya se había realizado en ocasiones anteriores". Los fiscales señalaban ya que eran "conscientes de la dificultad que entraña la materia y de los exiguos medios de que dispone la Fiscalía General del Estado por falta de autonomía presupuestaria", pero "a pesar de ello", entienden, señalan los fiscales, "que debe plantearse como una prioridad para la Carrera Fiscal la determinación de las cargas de trabajo. Como venimos reiterando desde la Asociación de Fiscales, en la Carrera Fiscal no está determinado el volumen de trabajo que debe realizar un fiscal en su tarea cotidiana, lo que se traduce en la obligación de despachar todo el trabajo que se asigna, generalmente sin regularidad (y sujeto a los impulsos de los juzgados) y sin valorar la complejidad de cada asunto".