El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) vuelve a examinar este jueves la idoneidad del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo haya vuelto a designar en el cargo para esta legislatura.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital subrayan que "las peores previsiones efectuadas por 7 vocales conservadores cuando Álvaro García Ortiz fue nombrado fiscal general del Estado por primera vez, en sustitución de Dolores Delgado, se cumplieron durante su primer mandato al frente del Ministerio Fiscal".
El 21 de julio de 2022, el CGPJ dio el visto bueno al nombramiento de García Ortiz con 12 votos a favor y 7 en contra de los vocales José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, José María Macías, Gerardo Martínez Tristán y Carmen Llombart. Dichos vocales presentaron un voto particular subrayando que "el candidato propuesto no cumple a nuestro juicio con el requisito de la imparcialidad que la asunción de tan alta responsabilidad implica".
Después añadían que "no es posible desconocer" que la persona elegida por el Ejecutivo había desarrollado "de manera intensa" su trayectoria en los dos últimos años y medio a la sombra de Dolores Delgado. Estos vocales también citaban como circunstancias "perjudiciales" para el crédito del Ministerio Público la insistencia por nombrar a fiscales declarados nulos por el Tribunal Supremo.
"La apariencia de vinculación con el Poder Ejecutivo" no ayuda a que se pueda percibir a Álvaro García con la imparcialidad necesaria, a lo que suman la "valoración negativa" que hacen de su gestión como mano derecha de Dolores Delgado. Y ello comporta que las funciones que le asigna la Constitución como fiscal general "estén expuestas al riesgo de que el Poder Ejecutivo influya en sus decisiones", concluían.
Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que "todas las advertencias efectuadas por estos 7 vocales se han hecho realidad y que incluso el Tribunal Supremo les ha dado la razón sobre sus polémicos nombramientos concedidos a Delgado. García Ortiz ha intentado beneficiar constantemente a su amiga y además, su gestión al frente del Ministerio Fiscal ha estado marcada por su defensa de los intereses del Ejecutivo socialista de Sánchez".
La semana pasada, el Supremo anulaba el ascenso y el nombramiento de la propia Delgado como fiscal de Sala Militar. La sentencia del Alto Tribunal consideraba acreditado que la finalidad buscada por el fiscal general del Estado fue asegurar su promoción a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, tratando de llenar lo que es una carencia de la legislación en vigor. Además, el Supremo apreciaba "desviación de poder", la antesala del delito de prevaricación, ya que este concepto consiste en "el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico".
"García Ortiz ha llevado a cabo una política clara de nepotismo en la Fiscalía a favor de Delgado y de los fiscales de su asociación la UPF (Unión Progresista de Fiscales). El Supremo fue muy suave en su sentencia al apreciar desviación de poder con el ascenso de Delgado. Beneficiar a amigos no es el fin de una potestad, sino una presunta prevaricación de libro que incluye una resolución administrativa. El fin del nombramiento es claramente ilegítimo", sostienen.
La votación del nuevo dictamen sobre García Ortiz
Las mismas fuentes consultadas por este diario afirman que "en la votación del Pleno del CGPJ sobre la idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado de este jueves puede suceder cualquier cosa. Es decir, puede avalarse su idoneidad o no".
El Pleno del Poder Judicial está compuesto por 16 vocales, 7 de ellos son del denominado sector izquierdista. Entre los 9 vocales del llamado sector conservador, se encuentran el presidente suplente Vicente Guilarte y Wenceslao Olea. "Se desconoce qué votará Guilarte o si votará en blanco", concluyen.