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Sánchez usa la presidencia española de turno de la UE para sentar las bases de un sistema de control a la prensa crítica

Ya se ha logrado un acuerdo provisional sobre el llamado "Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación".

Ya se ha logrado un acuerdo provisional sobre el llamado "Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación".
Europa Press

La presidencia española de turno de la UE ha dejado un cambio normativo que huele demasiado a intento de control de Pedro Sánchez a la prensa crítica. Ha conseguido dar un impulso decisivo a un acuerdo sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación (EMFA). Y ese acuerdo, bajo la fachada de una defensa del derecho de los ciudadanos a acceder a una información "libre y plural", confiere a los Gobiernos la capacidad de decidir qué es considerado como información "libre y plural". Es más, el propio Gobierno español califica la norma europea como "una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión, la libertad e independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales". Y esa potestad en manos de Pedro Sánchez puede ser cualquier cosa menos la garantía de información libre.

Urtasun, acérrimo defensor de este acuerdo

El ministro comunista de Cultura, Ernest Urtasun, ha sido el último impulsor de esta negociación ya muy avanzada. Según Urtasun, "estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa". La EMFA es un nuevo marco legal con el que la UE aspira a legislar en los ámbitos de la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación y la independencia editorial. La norma asegura que "busca proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a una información libre y plural, así como a los periodistas y sus fuentes". Y en seguida avanza que se "trata una herramienta fundamental para proteger la libertad de expresión, la libertad e independencia y el pluralismo de los medios de comunicación, tanto los tradicionales como los digitales". El texto señala igualmente que en "el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea, es una de las medidas de fortalecimiento del Estado de Derecho impulsadas por la Comisión Europea".

La Presidencia española del Consejo de la Unión Europea ha logrado ya un acuerdo provisional sobre este Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación (European Media Freedom Act, EMFA). Y lo ha hecho respaldando un poder político -no judicial- para "contrarrestar la desinformación, en el marco del Plan de Acción para la Democracia Europea, destinado a empoderar a los ciudadanos y a construir democracias más resilientes en toda la Unión Europea".

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ya ha destacado que "estamos ante un acuerdo importante que va a proteger a los medios de comunicación y a la libertad de prensa en Europa". Según Urtasun, el reglamento va "a garantizar la protección de los periodistas y sus fuentes en toda la UE". El texto recoge el derecho de los ciudadanos a acceder a una información "libre y plural", por lo que los Estados miembros deberán respetar este derecho y garantizar las condiciones y el marco adecuados para protegerlo. En teoría, también considera la protección de los periodistas y sus fuentes y a los proveedores de medios ante la interferencia política, pero, lo cierto, es que abre vías a la interferencia política. Propone, además, una supervisión de la concentración de medios y la garantía del pluralismo de los medios -tanto tradicionales, como digitales-, una autonomía plena e independencia editorial frente a intereses políticos, económicos y privados.

Y, en cuanto a la transparencia de los medios de comunicación, "trata de proteger la libertad de prensa combatiendo la creciente interferencia en las decisiones editoriales que adoptan los proveedores de servicios de medios europeos". Además, aborda la transparencia en cuanto a la adjudicación de recursos públicos para la publicidad institucional. El reglamento establece la obligación de aplicar criterios transparentes y objetivos a la asignación de la publicidad institucional a los medios de comunicación. Y las autoridades públicas, además, deberán informar cada año de los medios a los que hayan asignado publicidad, y las cantidades asignadas a cada uno.

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