El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha entregado a la Comisión de Venecia un extenso dossier sobre la Ley de Amnistía del 1-O, el lawfare y el señalamiento de jueces para evitar intoxicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, cuya misión es proporcionar asesoramiento jurídico a los Estados miembros y ayudar a los que deseen adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a los estándares europeos y a la experiencia internacional en el ámbito de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. Esta entidad visitó la semana pasada nuestro país para reunirse con los principales organismos del Gobierno y los máximos representantes de la Justicia española con el objetivo de recabar información sobre la Ley de amnistía del Ejecutivo que actualmente se encuentra en trámite en el Congreso de los Diputados.
Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital afirman que "el presidente suplente del Poder Judicial Vicente Guilarte, y los vocales José Antonio Ballestero y Mar Cabrejas trataron con la Comisión de Venecia la preocupación que existe entre jueces y magistrados por las acusaciones de lawfare, los ataques de políticos que vienen sufriendo a raíz de la ley de amnistía, así como la falta de participación del Poder Judicial en la elaboración de Leyes por culpa del Ejecutivo socialista".
"El CGPJ entregó a la Comisión de Venecia un extenso informe con toda la documentación referente a la Ley de amnistía, las acusaciones por supuesto lawfare contra los jueces o el señalamiento de magistrados. También se entregaron las declaraciones institucionales, pronunciamientos públicos efectuados por el Poder Judicial sobre este asunto y el informe sobre la falta de idoneidad de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado", añaden.
Entre otros documentos, se trasladó a la Comisión de Venecia la primera declaración oficial que hizo el CGPJ sobre la amnistía, el 6 de noviembre, antes de que se hiciera público el texto de la proposición de ley, que los socialistas registraron en solitario días después, el 13. En dicha declaración, el Pleno del CGPJ expresó su "intensa preocupación y desolación por lo que la proyectada Ley de Amnistía supone de degradación, cuando no de abolición, del Estado de derecho en España".
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el objetivo del CGPJ con la entrega del dossier a la Comisión de Venecia es evitar las intoxicaciones que se están produciendo sobre estos asuntos principalmente por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el ministro de Justicia Félix Bolaños. La Comisión de Venecia compuesta por juristas italianos, suizos, holandeses o búlgaros se mostraron especialmente preocupados por las comisiones de investigación parlamentarias contra jueces, los ataques a los magistrados y la falta de participación del CGPJ en la elaboración de las Leyes con el Gobierno de Sánchez".
"La Comisión de Venecia entregará su respectivo informe sobre la proposición de Ley de amnistía a las Cortes Generales el próximo 15 de marzo. Aunque este informe no sea vinculante, tiene una enorme importancia, ya que posteriormente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) lo puede tomar en consideración para resolver las cuestiones prejudiciales que se presenten sobre la amnistía. De esta forma, los informes de la Comisión de Venecia pasarían automáticamente a convertirse en Jurisprudencia interna de la UE, que se tendría en cuenta en todas sus instituciones", concluyen.
Prórroga del CGPJ para entregar el informe al Senado
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordaba la semana pasada pedir a la Mesa del Senado que conceda una "nueva prórroga", por un plazo de quince días y con efectos desde el 14 de febrero de 2024, para elaborar su informe sobre la proposición de Ley de Amnistía, según ha informado el órgano de gobierno de los jueces.
El pasado 11 de enero el CGPJ ya solicitó una primera prórroga de 15 días, a contar desde el 24 de enero, para elaborar su texto. El Consejo se pronunciará por petición expresa del Senado, toda vez que el pasado diciembre la Cámara Alta, donde el PP tiene mayoría absoluta, acordó pedir informes tanto al CGPJ como al Consejo Fiscal, que ya ha avisado que no se pronunciará. Al tratarse de una proposición de ley, no es obligatorio recabar la opinión de los órganos consultivos.