La UCO sigue cerrando el cerco de la actual presidenta del Congreso de los Diputados y presidenta de Baleares en el momento de los hechos investigados por la Justicia. El sumario relata una serie de fechas totalmente delatoras. Para empezar, el contrato de las mascarillas vendidas por la trama del PSOE se pagó al día siguiente de la adjudicación. Pero es que esa fecha, además, se anticipó cuatro días al acuerdo de su propio Gobierno regional por el que se dio conformidad a la contratación.
Y, para terminar en la demostración de ansia por pagar a la trama corrupta, esa celeridad supuso pagar al menos cuarenta veces antes que el plazo medio de pago de la Comunidad Autónoma de Baleares en aquellos meses de abril y mayo de 2020, que fue de 40 y 48 días, respectivamente.
El retrato de la implicación de Francina Armengol en el caso de las mascarillas del PSOE va siendo cada vez más exacto. Para empezar, no hay duda de que las mascarillas eran falsas desde el principio, según las especificaciones del contrato. Se aceptaron y pagaron como si fueran FFP2 (para uso sanitario), cuando se advirtió desde el 28 de abril por la Subdirección de Compras que no lo eran. No tenían las características de uso hospitalario.
Armengol, además, decidió contravenir el informe de CNMP (Comisión Nacional de Medios de Protección) respecto a la baja calidad de las mascarillas: no se procedió a la resolución del contrato ni a reclamar el importe parcial por ser de menor coste las recibidas. Es más, las mascarillas quedaron almacenadas durante tres años y ni siquiera se les dio un uso para protección de población general. La mayoría de ellas caducaron en 2022.
La UCO apunta a un fraude consentido porque los hechos revelan una doble intención. Primero, la de ayudar a Soluciones de Gestión -una de las empresas de la trama corrupta del PSOE- a seguir consiguiendo contratos públicos por medio de un certificado contrario a la realidad. Y la segunda, traspasar fraudulentamente el coste a la UE.
Armengol sabía, desde julio de 2022, que había una investigación con diligencias abiertas por la Fiscalía Anticorrupción. Y no hizo lo exigido y normal: haber iniciado el expediente de reintegro. Y, para colmo, transcurrió un año hasta que se adoptó el primer movimiento. Y es que, de haber hecho lo exigido -reclamar desde el inicio- la empresa de la trama tendría que haber devuelto entre 2,6 y 3,7 millones de euros.
Sólo fue tras comprobar que el caso avanzaba, que no se archivaba y que, además, se perdían las elecciones en Baleares, cuando se decidió, no iniciar un expediente, sino emitir un informe de propuesta, sin consecuencias jurídicas, que, para colmo, se ocultó y no se comunicó al nuevo Gobierno en el traspaso de poderes.
Y tras todo ello, Armengol, presidenta ahora de las Cortes Generales, tras varios días en silencio ha asegurado tres puntos que contradicen radicalmente la investigación. Que el proceso no fue irregular; que avaló las mascarillas porque no eran falsas; y que eram válidas para uso no hospitalario y por eso no se devolvieron, planteando un reintegro parcial del precio -cuestión igualmente dudosa porque se dejaron almacenadas y no se distribuyeron para ese segundo uso-.