El ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha ignorado la petición de escolta policial solicitada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para el titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
Aguirre recibió el pasado jueves 11 de abril un paquete bomba falso en su propio Juzgado. El magistrado instruye en la actualidad dos de los casos más sensibles que afectan a Cataluña y al independentismo: las conexiones rusas del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont en la denominada causa ‘Voloh’ y el pago de 7,6 millones de euros del Fútbol Club Barcelona al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), José María Enríquez Negreira.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "el CGPJ remitió el viernes al Ministerio del Interior la petición de protección policial del magistrado amenazado, después de que Aguirre hubiera remitido previamente dos comunicaciones al propio Gobierno de los jueces". En la primera comunicación con el CGPJ, a la que ha tenido acceso LD, Aguirre denuncia que la amenaza con la falsa bomba es el tercer altercado sospechoso sufrido en un mes:
Por medio de la presente solicito que me sea asignada una escolta policial de protección. El pasado jueves 11 de abril llegó a la oficina judicial un paquete que fue abierto por personal del Juzgado que contenía una bomba simulada. Interpreto que eso es una clara amenaza contra mi persona por la índole de los asuntos que investigo.
No está de más añadir que el día 28 de enero publiqué un Auto aludiendo a la injerencia rusa en el proceso independentista de Catalunya. Aproximadamente a los 15-20 días una mujer en bicicleta se dirigió directamente a mi cuando paseaba por una calle para decirme que dejara de investigar al independentismo, que estaba causando mucho daño y que actuara con ética y responsabilidad. Unos 15 días después, un mensajero trató de hacerme llegar unas botellas, que fueron rechazadas por el personal de seguridad de la Ciudad Judicial. Por tanto, la bomba simulada es el tercer intento sospechoso y, ante ello, me veo en la obligación, a mi pesar, de solicitar la escolta.
En la segunda comunicación con el CGPJ para su remisión a Interior, a la que ha tenido acceso este diario, el juez Aguirre precisa que debido a la investigación del ‘caso Voloh, no se le puede asignar escolta de mossos’:
A causa del dato objetivo de que tengo a mi cargo una investigación de gran calado que afecta a la Generalitat de Catalunya no parece oportuno que se designen como escoltas a funcionarios policiales dependientes de la entidad investigada.
Las mismas fuentes jurídicas consultadas por LD apuntan que "es una vergüenza que Grande-Marlaska no haya contestado el mismo viernes a la petición de escolta policial cuando un juez está en peligro. Aunque normalmente por protocolo la seguridad en territorio catalán debe ser asumida por mossos, en este caso por sentido común no pueden proteger al juez Aguirre mientras éste investiga a la propia Generalidad. No se puede descartar que los mossos pudieran ejercer de ‘espías’ del propio magistrado para recabar información sobre la investigación que lleva a cabo y remitírsela a la Generalidad. En los últimos días, Aguirre está siendo objeto de sospechosos seguimientos por la calle", añaden.
"El juez Aguirre ha sido convocado este lunes al mediodía por la juez decana de Barcelona Cristina Ferrando a una reunión con los mossos. Si la policía autonómica de Cataluña le ofrece su protección, el magistrado previsiblemente la rechazará. La actuación en este asunto del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) Jesús María Barrientos, del presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona Antonio Recio y de la citada juez decana está siendo vergonzosa", concluyen.
Un juez archiva el caso de la amenaza sin investigarlo
Mientras tanto, el pasado viernes el titular del Juzgado de Instrucción nº 17 de Barcelona, Fernando Criado, archivaba el caso de la amenaza al juez Aguirre con una bomba falsa sin practicar ningún tipo de diligencias. El magistrado recibió por reparto un informe del cuerpo de mossos en relación a la interceptación de un paquete sospechoso dirigido al titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
Posteriormente, acordó el archivo provisional de las diligencias abiertas, por autor desconocido y dejaba en manos de los mossos la investigación sin control judicial alguno. Aún se desconoce cómo el paquete sospechoso pudo llegar a los Juzgados y evitar el control de seguridad con el escáner.
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