El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no tiene intención alguna de dimitir pese a acumular ya tres varapalos del Tribunal Supremo, el último ayer a cuenta del nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática. De hecho, sugirió ayer la existencia de lawfare durante una entrevista en RTVE.
García Ortiz repitió hasta en tres ocasiones que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha adoptado una línea de "mayor exigencia, muy distinta a toda la trayectoria, a toda la doctrina o jurisprudencia que venía teniendo", una sugerencia nada baladí tratándose del jefe de la Fiscalía, cuando aludía al nombramiento de Delgado.
Llegó también a englobar las críticas que está recibiendo en la "polarización ideológica y territorial" que existe, reclamando "lealtad con las instituciones" porque "se degradan si se degradan los comentarios que se hacen sobre ellas", a pesar de que algunos reproches parten de sus propios compañeros. De hecho una asociación de fiscales recurrió su nombramiento.
El fiscal descarta por completo dimitir y repitió varias veces que su figura está "blindada" y "el Gobierno no me puede cesar", a pesar de la larga lista de escándalos que acumula. Y es que fue cuestionado desde el primer momento por el CGPJ, que consideró su nombramiento "no idóneo". El Tribunal Supremo ya sentenció en noviembre de 2023 que cometió "desviación de poder" para ascender a Dolores Delgado a Fiscal de Sala de lo Militar.
El Tribunal Supremo ha vuelto a anular ahora el ascenso de Dolores Delgado por segunda vez, en este caso, como Fiscal de Sala de Memoria. El empeño de García Ortiz por premiarla responde a que fue su principal valedora para el cargo, a la que sucedió como fiscal general del Estado, habiendo sido previamente su jefa tras ser ministra de Justicia del PSOE. El TS condenó a García Ortiz también por ocultar al fiscal Stampa los detalles de la investigación abierta contra él.
Además del último varapalo, se enfrenta a la polémica por las irregularidades que giran en torno al caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, especialmente después de que el TSJM haya abierto una investigación contra la Fiscalía por la filtración de datos sobre el caso, cuando García Ortiz impuso al Consejo Fiscal su criterio para rechazar la querella, llegando a apartar del caso a la fiscal que era partidaria de admitir la denuncia.