El Tribunal Supremo ha anulado este martes el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática.
Se trata del tercer varapalo judicial del Alto Tribunal contra el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz. El pasado mes noviembre ya anuló el nombramiento de Delgado como fiscal de Sala de lo Militar al entender que se produjo con "desviación de poder" por parte del fiscal general del Estado. Posteriormente, la Sala Tercera del Supremo condenó a la Fiscalía de García Ortiz por ocultar un expediente al fiscal Ignacio Stampa.
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que "la decisión ha sido adoptada por mayoría por la Sección Cuarta de dicha Sala. Los magistrados han acordado anular el Real Decreto de nombramiento y la retroacción de actuaciones para que el Consejo Fiscal se pronuncie sobre si concurre o no la prohibición prevista en el artículo 58.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal".
Dicho artículo del Estatuto Fiscal señala que "en las Fiscalías que comprendan dentro de su circunscripción territorial una población en la que su cónyuge o persona a quien se halle ligado de forma estable por análoga relación de afectividad ejerza una actividad industrial o mercantil que obstaculice el imparcial desempeño de su función, a juicio del Consejo Fiscal".
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima así los recursos de la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y el fiscal antidroga Luis Ibáñez (candidato al cargo) contra la designación de Delgado al frente de Memoria Democrática.
Los tres recursos reclamaban al Supremo que invalidara la designación porque García Ortiz no dio opción al Consejo Fiscal a estudiar si incurría en causa de incompatibilidad, porque su pareja, el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dirige una fundación dedicada a la defensa de los Derechos Humanos.
El nombramiento impugnado se decidió el 8 de junio de 2023 en un tenso Pleno del Consejo Fiscal que tuvo lugar tras la polémica generada por la decisión del fiscal general de adelantar la reunión, prevista inicialmente para el 19 de junio, para garantizar que los nombramientos se materializasen pese al adelanto electoral al 23 de julio.