La ex fiscal general del Estado Dolores Delgado podrá avalar la Ley de amnistía porque no se ha ejecutado la sentencia del Tribunal Supremo que anula su nombramiento como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos.
Este martes se reúne la Junta de Fiscales de Sala después de que los 4 fiscales del 1-O Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno invocaran el artículo 27 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF). Todo ello, después de que el fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz les ordenara, en contra de su criterio, aplicar la Ley de amnistía a todos los procesados y condenados por el referéndum ilegal del 1-O de octubre de 2017 que cometieron malversación. Entre ellos, el expresidente catalán fugado, Carles Puigdemont.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "el Supremo anuló el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos el mes pasado. No obstante, el Ministerio de Justicia no ha ejecutado oficialmente la sentencia porque tiene 2 meses para hacerlo. Por lo tanto, Delgado podría presentarse este martes ante la Junta de Fiscales de Sala y avalar la aplicación de la Ley de amnistía. También está previsto que voten otros fiscales que se abstuvieron o no estuvieron presentes en la anterior Junta de Fiscales celebrada para decidir si el Ministerio Público apoyaba la investigación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM) por un delito de revelación de secretos por la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso".
"Lo más probable es que la mayoría de la Junta de Fiscales de Sala apoye el criterio de García Ortiz, ya que principalmente fueron ascendidos por él y por la propia Delgado. Sin embargo, los fiscales de Sala tienen también razones potentes para no apoyarle. En primer Lugar, Zaragoza, Madrigal, Cadena y Moreno son 4 de los fiscales más prestigiosos de España. En segundo lugar, sus argumentos jurídicos para no amnistiar la malversación son muy poderosos y por último, no se puede olvidar la debilidad del fiscal general, que se encuentra al borde de la imputación en el Supremo por la filtración contra el novio de Ayuso".
El criterio de los fiscales del 1-O es que no se puede amnistiar el delito de malversación cometido por Puigdemont; el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras; y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Toni Comín y Lluís Puig porque hubo enriquecimiento patrimonial y este delito atenta contra el Derecho de la Unión Europea.
Las mismas fuentes consultadas por LD denuncian que "Álvaro García Ortiz ha utilizado la Fiscalía como institución primero para atacar a la oposición política con la filtración del novio de Ayuso y después para intentar librarse de la imputación y defenderse a sí mismo. Para ello, relevó de este caso a la fiscal María de la O tras la última Junta de Fiscales de Sala en la que ésta defendió que los hechos debían ser investigados en el TSJM".
"García Ortiz no se marchará hasta que el Gobierno de Pedro Sánchez se lo diga. Antes, tiene que terminar su último trabajo consistente en intentar que se aplique al completo la Ley de amnistía. Cuando fue vocal en el Consejo Fiscal antes de ser nombrado fiscal general, García Ortiz exigía con mucho rigor responsabilidades a los anteriores fiscales generales, ahora él no se lo aplica de la misma forma", concluyen.
Los nombramientos anulados a Delgado
El pasado mes de noviembre, la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimaba en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el fiscal Luis Rueda contra el Real Decreto que promovió a la categoría de fiscal de Sala a Dolores Delgado y se la nombraba fiscal de Sala de la Fiscalía Militar del Tribunal Supremo. Dicho acto fue adoptado por el Consejo de Ministros, a propuesta del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y el Alto Tribunal apreció desviación de poder por parte de este.
Posteriormente, el Tribunal Supremo anulaba el pasado mes de mayo el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática. Ambos nombramientos como fiscal de Sala fueron acordados por García Ortiz.
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