La Fiscalía que dirige Álvaro García Ortiz ha solicitado este miércoles al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a la malversación y la desobediencia que se le atribuye a los líderes del 1-O, incluido el expresidente catalán fugado Cales Puigdemont. El Ministerio Público argumenta que no hacerlo "dejaría prácticamente vacío de contenido lo dispuesto" en la norma que entró en vigor la semana pasada.
Este miércoles, el Ministerio Fiscal ha enviado al Supremo tres informes en los que aboga por aplicar la amnistía a los asuntos relativos al 1-O que tiene en sus manos: la causa que permanece abierta para Puigdemont y el resto de exconsejeros procesados en rebeldía; la sentencia dictada sobre el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y el resto de condenados del 1-O; y la causa abierta por un delito de terrorismo a Puigdemont por el caso de 'Tsunami Democràtic'.
En el primero de estos informes, el Ministerio Público reclama la amnistía para los exconsejeros procesados en rebeldía Toni Comín, Lluís Puig y Clara Ponsatí, y para la secretaria general de ERC, Marta Rovira; así como para el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y para los exconsejeros condenados Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Asimismo, aboga por levantar las órdenes nacionales de detención que pesan sobre Puigdemont, Puig, Ponsatí y Rovira. Y pide declarar el archivo de la causa que se mantiene abierta contra ellos.
Así consta en el escrito que el Ministerio Público ha presentado ante el Alto Tribunal bajo la firma de la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y del fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del TS, Joaquín Sánchez-Covisa.
Ambos fiscales han asumido la causa del 1-O por encargo del fiscal general del Estado, después de que ayer martes la Junta de Fiscales avalara su postura sobre la ley de amnistía frente a la de los cuatro fiscales que llevaban el procedimiento y que participaron en el juicio celebrado en 2019, es decir, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno, contrarios a amnistiar la malversación.
En su informe, los fiscales defienden que la malversación del1-O es amnistiable, entre otros motivos, porque los hechos probados en esta causa "no contienen ninguna alusión o referencia a que se hubiere producido una afectación directa o indirecta a los intereses financieros de la Unión Europea". Además, señalan que "no se aprecian razones para entender que sea de aplicación la exclusión prevista en el art. 2.e) LOA, pues no consta que se vieran afectados los intereses financieros de la Unión Europea".
Y añaden que "los fondos desviados no eran fondos europeos según las definiciones ofrecidas por la Directiva (UE) 2017/1371 y por el Reglamento (UE) 2017/1939". Insisten también en que se puede amnistiar la malversación porque el perjuicio patrimonial para la Administración que causaron los encausados no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial.
Para los fiscales "es lógico concluir" que se debe amnistiar la malversación "siempre que el responsable del delito se hubiera limitado a desviar fondos públicos con la única finalidad de financiar, sufragar o facilitar la convocatoria y/o celebración de las consultas del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017".
Amnistiar a los condenados del 1-O
En otro escrito remitido a la Sala de lo Penal del Supremo, piden aplicar la amnistía a Junqueras, Romeva, Turull y Bassa. La Fiscalía respalda las condenas impuestas y a los tribunales que juzgaron el proceso independentista catalán aunque vayan a ser amnistiados por decisión del Poder Legislativo. "El hecho de que los delitos cometidos sean amnistiados por decisión del legislador español no permite poner en duda la legitimidad de las condenas o la de los jueces y tribunales que las dictaron", señalan.
En este sentido, inciden en que la entrada en vigor de la ley de amnistía "no ofrece un nuevo trámite procesal que permita discutir o poner en tela de juicio la realidad de los hechos por los que los reos fueron condenados". "Tampoco se abre ahora una nueva oportunidad para efectuar una nueva valoración o revisión de la subsunción jurídica en su día realizada", añaden.
El caso de Tsunami Democrátic
En un tercer escrito la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, pide aplicar la amnistía a la causa de Tsunami que el Supremo instruye contra Puigdemont y el diputado autonómico Ruben Wagensberg.
Según su criterio, los hechos que se atribuyen al expresidente catalán -y al resto de investigados por Tsunami- no encajan en las excepciones a la amnistía. La ley permite amnistiar el terrorismo excepto cuando "hayan causado de forma intencionada graves violaciones de derechos humanos", en particular las reguladas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en el derecho internacional humanitario.
"Es claro que ninguno de los hechos investigados en esta causa de forma intencionada una grave violación de los derechos humanos recogidos en los artículos dos y tres del Convenio y en el derecho internacional humanitario, esto es, muerte y torturas, incluso esclavitud", asegura la Fiscalía.
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