La amnistía encubierta del Tribunal Constitucional para los condenados por los ERE del PSOE de Andalucía ha removido los cimientos del Tribunal de Garantías. Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el presidente del Constitucional Cándido Conde-Pumpido han arrastrado el tribunal al fango".
El TC exoneraba la semana pasada a la exministra Magdalena Álvarez condenada a 9 años de inhabilitación al considerar que la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo habían realizado "una interpretación y aplicación imprevisible del delito de prevaricación". No obstante, el próximo 2 de julio el Constitucional estudiará el recurso de la ex consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía Carmen Martínez Aguayo condenada a seis años de prisión y 15 de inhabilitación por malversación.
La ponente de la sentencia será nuevamente la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán que propondrá anular este delito, lo que beneficiará directamente al expresidente socialista andaluz José Antonio Griñán. Montalbán, que fue premiada con la Medalla de Andalucía por Griñán, tal y como desveló este diario en mayo del año pasado, plantea que al ser delitos que están conectados, no se puede perdonar la prevaricación sin hacer lo mismo con la malversación, pues entiende que la redacción de los presupuestos por parte del Ejecutivo andaluz es un acto gubernativo y no administrativo. De esta forma, el mayor caso de corrupción de la historia de España tras la malversación de 680 millones de euros quedaría amnistiado de forma encubierta.
"Al Tribunal Constitucional no le incumbe la interpretación de la norma penal, sino examinar sólo la posible vulneración y restricción de derechos fundamentales. La Constitución Española deja claro que el Tribunal Supremo es ‘el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales’", añaden.
"No obstante, Conde-Pumpido aprovechando la mayoría izquierdista que lidera está volteando el Derecho Penal desde el TC, convirtiéndolo en un órgano de casación encadenada. Conde-Pumpido actúa como el tentáculo togado de Pedro Sánchez para boicotear a la Sala Penal del Tribunal Supremo que preside el magistrado Manuel Marchena", destacan.
Las mismas fuentes consultadas por LD resaltan que "el Tribunal Constitucional jamás ha concedido un amparo a un condenado por un delito de corrupción en su historia. Sánchez y Conde-Pumpido han llevado al TC al mayor desprestigio y descrédito de su historia utilizándolo como un tribunal de casación del Supremo para exonerar a sus amigos".
Este martes, el PP y el PSOE acordaban renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y elegir al hasta entonces vocal conservadores del CGPJ, José María Macías, para cubrir la vacante de magistrado del Constitucional que correspondía a los populares.
"La llegada de Macías ha sido muy bien recibida por el bloque conservador del TC que pasará a estar formado por un total de 5 magistrados en lugar de los 4 actuales. Sin embargo, no se espera que el actual 7 a 5 a favor de los izquierdistas pueda cambiar hasta que se produzca un cambio en el poder político y algún magistrado del bloque que pastorea Conde-Pumpido se recoloque con los conservadores", concluyen.
Los votos particulares de los magistrados conservadores
Los magistrados conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa anunciaron la semana pasada la presentación de un voto particular al discrepar de la decisión adoptada por la mayoría izquierdista del tribunal de 7 a 4 para exonerar a la exministra socialista Magdalena Álvarez por el caso de los ERE. Según los magistrados, con esta sentencia el TC "ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley".
Según su criterio, al anular sentencias dictadas "en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España y rectificar por primera vez" al Tribunal Supremo en la interpretación de la descripción objetiva de la conducta delictiva realizado por el alto tribunal se ocasiona "un daño institucional difícilmente reparable".
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