
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, está maniobrando para volver a nombrar a su amiga Dolores Delegado fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos antes de ser imputado por el Tribunal Supremo tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
La Sala Tercera del Supremo anuló en mayo la designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, tras anular también previamente el otro nombramiento de Delgado que acordó su amigo García Ortiz, el de fiscal Sala de lo Militar.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital afirman que "García Ortiz ha convocado un Consejo Fiscal para el próximo 23 de julio con el objetivo de estudiar un expediente sobre la incompatibilidad de Delgado para volver a ser nombrada fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Dicho expediente ha sido efectuado por la inspectora jefe de la Fiscalía María Antonia Sanz. Este trámite es el paso previo para volver a designar a Delgado para el mismo puesto".
Cabe destacar que el Gobierno aún no ha ejecutado la sentencia del Supremo que anulaba el nombramiento de Delgado. Esta circunstancia fue aprovechada torticeramente por la exministra de Justicia de Pedro Sánchez y ex fiscal general del Estado para votar a favor de la amnistía total del Gobierno socialista a los golpistas del 1-O durante la Junta de Fiscales de Sala celebrada el mes pasado.
El Pleno del Consejo Fiscal está compuesto en la actualidad por 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF), 1 vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), 2 vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, la citada inspectora jefe María Antonia Sanz y el propio fiscal general del Estado.
Las mismas fuentes fiscales consultadas por LD destacan que "los vocales de la AF y el vocal de la APIF consideran que Delgado es incompatible con el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en razón a la actividad profesional de su marido Baltasar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional creó una fundación especializada en derechos humanos, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), tras ser condenado a 11 años inhabilitación y a la expulsión de la Carrera Judicial por ordenar grabar ilegalmente las llamadas de los abogados del caso Gürtel con sus defendidos".
"En este caso concreto, el que resuelve sobre la incompatibilidad de Delgado es el Consejo Fiscal por mayoría de sus miembros. No es un informe consultivo-no-vinculante por parte del Consejo Fiscal, sino una resolución de competencia que adopta este órgano", concluyen.
García Ortiz al borde de la imputación
Tal y como publicó este diario, la carrera fiscal vigila los pasos de Álvaro García Ortiz ante su posible futura imputación en el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Francisco Goyena, ultima la exposición razonada que elevará al Supremo para que se investigue al fiscal general del Estado por un delito de revelación de secretos.
Fuentes fiscales consultadas por LD apuntaban que "el Ministerio Público no va a tolerar en ningún caso que un fiscal general del Estado sea imputado y que no dimita. Si García Ortiz no se marcha, va a haber muchas protestas internas y movilizaciones en el seno de la Fiscalía para forzar su caída. Un fiscal general imputado por filtrar información contra un líder de la oposición es algo insólito e inédito, un desastre para la institución, que podría ser denunciada incluso ante las autoridades políticas y judiciales de la UE".
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