El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, explota un vacío legal para intentar nombrar otra vez a Dolores Delgado fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. Este martes, se reúne el Consejo Fiscal para abordar nuevamente la designación de Delgado tras estudiar un informe de incompatibilidad efectuado por la inspectora fiscal jefe.
La Sala Tercera del Supremo anuló en mayo la designación de Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos, tras anular también previamente su otro nombramiento que acordó García Ortiz, el de fiscal de Sala de lo Militar. El Pleno del Consejo Fiscal está compuesto por 6 vocales de la Asociación de Fiscales (AF), 1 vocal de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), 2 vocales de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la teniente fiscal del Tribunal Supremo Ángeles Sánchez Conde, la inspectora jefe María Antonia Sanz y el propio fiscal general del Estado. Delgado ha pedido la recusación del vocal de la APIF y de dos vocales de la AF con el objetivo de que haya una mayoría proclive a volver a nombrarla.
Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital denuncian que "Álvaro García Ortiz quiere explotar un vacío legal para volver a nombrar a su amiga Dolores Delgado como fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos. El fiscal general del Estado pretende resolver él mismo las tres recusaciones planteadas por Delgado contra los 3 vocales del Consejo Fiscal en lugar de dejar esta decisión en manos del propio Consejo Fiscal".
"En el reglamento de la Fiscalía no viene establecido explícitamente como se deben resolver las recusaciones, por ello, se recurre a la Ley 40/2015 del Sector Público. Según dicha legislación, el superior tiene que resolver la recusación", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD puntualizan que "la Fiscalía no es una institución que deba acogerse a la Ley del Sector Público como el resto, al estar jerarquizada. Las recusaciones tendrían que ser resueltas en el Consejo Fiscal y el voto del fiscal general tendría que valer igual que el de resto de miembros del Consejo Fiscal. Sin embargo, todo apunta a que García Ortiz asumirá en exclusiva la resolución de las tres recusaciones, las aceptará y la mayoría de 7 a 5 en contra de volver a nombrar a Delgado pasará a 5 a 4 a favor de nombrarla".
Los vocales de la AF y el vocal de la APIF consideran que Delgado es incompatible con el cargo de fiscal de Sala de Memoria Democrática y Derechos Humanos en razón a la actividad profesional de su marido Baltasar Garzón. El exmagistrado de la Audiencia Nacional creó una fundación especializada en derechos humanos, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), tras ser condenado a 11 años inhabilitación y a la expulsión de la Carrera Judicial por ordenar grabar ilegalmente las llamadas de los abogados del caso Gürtel con sus defendidos".
La imputación de García Ortiz en manos del Supremo
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) solicitaba la semana pasada al Tribunal Supremo la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos tras la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía Provincial de Madrid difundió una nota de prensa revelando información reservada sobre la negociación entre el abogado de Alberto González Amador y el fiscal del caso.
En la resolución, el magistrado instructor del TSJM elevaba una exposición motivada a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que éste tome en consideración, si así lo estima procedente, declararse competente para la continuación de las presentes diligencias, toda vez que, señala el auto "nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado".
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