La Policía ha señalado al empresario audiovisual catalán Jaume Roures por integrar "un equipo conjunto de comunicaciones" entre Rusia y Cataluña en el marco de la investigación sobre la injerencia rusa en el independentismo catalán del ‘caso Voloh’.
El titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, elevó una exposición razonada al Tribunal Supremo hace dos semanas en la que solicita investigar al expresidente catalán fugado Carles Puigdemont y otras 12 personas por presuntos delitos de traición, malversación de caudales públicos y organización criminal.
Un informe de 196 páginas de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, al que ha tenido acceso Libertad Digital, señala que "Carles Puigdemont creó y dirigió una estructura estable en el tiempo que, de acuerdo con los datos analizados se mantuvo activa con estos fines al menos, entre agosto de 2017 y octubre de 2020. En ella se integraron una pluralidad de personas, unidas por vínculos de amistad e ideología, que fueron sucediéndose cronológicamente de acuerdo con el devenir de los acontecimientos y las necesidades inherentes a la propia organización".
"La organización se caracterizaba por una división de funciones, con una dirección perfectamente definida y jerarquizada en cuya cúspide se encontraba Carles Puigdemont i Casamajó. El resto de los integrantes se encontrarían agrupados en diferentes niveles regidos por pautas de subordinación y asignación de roles, dirigidos por el nivel intermedio de la organización. Esta función de dirección intermedia la han desempeñado de forma sucesiva, primero Víctor Terradellas (2016—2018) y, posteriormente Josep Lluís Alay Rodríguez y Gonzalo Boye Tusset (2018--2020), que continuaron y ampliaron las líneas de acción iniciadas por Terradellas", añade.
"Tanto Terradellas como Alay anexionaron a la organización a una serie de facilitadores necesarios que se encargaron de identificar y obtener los contactos adecuados en las esferas política, administrativa y cultural de la Federación de Rusia que pudieran servir a los fines e interese del soberanismo. Este nivel estaría integrado por la periodista española, entonces afincada en Rusia, Natalia Boronat Rovira, los empresarios Jordi Sardà Bonheví y Alexander Dmitrenko y el periodista ruso, Edvard Chesnokov", apunta.
"La organización se complementaría con una serie de individuos sobre los que se ha probado su participación objetiva en acciones concretas y que formarían parte del entorno más cercano a nivel superior (Puigdemont) y secundario (Terradellas y Alay—Boye) de la organización. En esta categoría se incluirían el diputado por Junts desde diciembre de 2017, Francesc d´Asis de Dalmases Thió, la Directora General de Coordinación Interdepartamental de la GENCAT, Elsa Artadi Vila, el periodista y escritor, escritor, Carles Ramón Porta Gaset, el exmiembro de la organización terrorista Terra Lliure, Miquel Casals Fernández y el empresario Zeus Borrell Gil", subraya la Policía.
"Asimismo, a lo largo de la investigación se han identificado a una serie de personas que tuvieron conocimiento y que fueron participes de las relaciones que se estaban fraguando para recabar el apoyo económico y reconocimiento político de la Federación de Rusia al proceso de independencia de Cataluña, concretándose en las siguientes personas: el ex cónsul honorario de Letonia, experto en relaciones internacionales y comerciales, Xavier Vinyals Capdepon, el exsecretario general de la presidencia del Govern Xavier Vendrell Segura, el exsecretario de Comunicación y Estrategia del Govern entre 2001 y 2003, David Madí Cendrós, el empresario catalán ideólogo del secesionismo en Cataluña y dueño del diario catalán ARA, Oriol Soler Castanys y el también empresario y productor cinematográfico Jaume Roures Llop, que formaría parte de un equipo conjunto de comunicaciones entre la parte rusa y catalana", destaca.
Socavar el funcionamiento de los procesos democráticos en Occidente
Según el informe policial, "los miembros de la organización tuvieron pleno conocimiento de la ilicitud de sus actuaciones y el perjuicio que acarreaba para la integridad territorial y los intereses de España, como reflejan las numerosas y exigentes medidas de seguridad que adoptaban en las comunicaciones y desplazamientos. Ello no fue impedimento para que continuaran con su propósito secesionista, a espaldas del Estado Español, involucrándose en un proyecto común con una potencia extranjera que se ha demostrado que sus fines son socavar el correcto funcionamiento de los procesos democráticos en Occidente, mediante el empleo de operaciones de influencia e injerencia extranjera, comunicación persuasiva, manipulación de la información, la financiación de determinados partidos políticos y la captación de élites y personalidades como medio para dividir a las sociedades democráticas occidentales en general y a la Unión Europea en particular".
"Se aprecia la existencia de un grupo organizado, que de forma estable en el tiempo, con funciones definidas y repartidas entre sus miembros, operaba para establecer relaciones con una potencia extranjera (Rusia), fuera del marco legal vigente, con el objetivo último de lograr la segregación de un a parte del territorio nacional con evidente perjuicio para la independencia de España y sus intereses vitales", concluye.
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