Dos ex tenientes de alcalde del PSC en la localidad barcelonesa de Pineda de Mar han sido amnistiados por la Audiencia de Barcelona. Los ediles socialistas, Carme Aragonès y Jordi Masnou, fueron declarados culpables de coaccionar a un hotelero para que echara a los agentes de la Policía Nacional que tenía alojados en su establecimiento. Los ediles amenazaron al hotelero con dificultades en los trámites con el ayuntamiento y en la renovación de licencias si no desalojaba a los agentes. Los dos concejales socialistas aceptaron una condena de un año de cárcel que ahora ha sido borrada en virtud de la ley de amnistía.
En la sentencia se destaca que los dos concejales coaccionaron al director y el gerente de una cadena hotelera de la localidad en la que se alojaba medio millar de agentes tras prohibir el puerto de Palamós por orden del actual presidente del parlamento catalán, Josep Rull, el atraque del barco en el que se iba a alojar el contingente.
Tras una conversación subida de tono con los dos concejales, el gerente de la cadena Chekin redactó una carta en la que afirmó que se veía en la obligación de echar a los policías por la amenaza municipal de cerrar durante cinco años sus establecimientos.
En la resolución por la que se aplica la amnistía, la Audiencia de Barcelona señala que "la actuación de los penados tuvo como finalidad dificultar la labor de dichos agentes, poniendo trabas a su alojamiento en dicha localidad, mostrando de esta manera un claro apoyo a la celebración del citado referéndum", lo que le lleva a concluir que su conducta encaja en la ley de amnistía.
Y también Alay
La Audiencia de Barcelona ha amnistiado también al jefe de la oficina de Carles Puigdemont como expresidente de la Generalidad, Josep Lluís Alay, acusado de los delitos de prevaricación y malversación por haber utilizado fondos públicos para viajar a Nueva Caledonia, donde asistió a la celebración de un referéndum. Alay gastó 4.800 euros de dinero público en vuelos y diversos gastos. La Fiscalía pedía tres años de cárcel y 17 de inhabilitación. En su escrito de acusación, la Fiscalía subrayaba que Alay había sido "invitado" a participar como observador del referéndum por un partido independentista, pero no en calidad de representante de la Generalidad. Sin embargo, Alay decidió viajar con fondos de la oficina de Puigdemont.