La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la principal organización profesional de informadores de España, se ha pronunciado a favor del llamado Plan de regeneración democrática aprobado la semana pasada por el Gobierno, que pretende amordazar a los medios críticos con el Gobierno. Se trata del conocido como Plan Begoña, ideado por Pedro Sánchez tras los cinco días de vacaciones que se tomó cuando un juez comenzó a investigar los presuntos delitos de su mujer.
Su presidente, Miguel Ángel Noceda, respalda que el Ejecutivo atribuya a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la recopilación y supervisión de un registro de medios de comunicación, para determinar las empresas que cumplen con dicha condición. Es decir, que a Noceda le parece fenomenal que el Gobierno decida quién puede informar y quién no.
«El registro de medios, que debe estar controlado por un organismo independiente, nos parece perfecto, y sus responsables, tanto la presidenta [Cani Fernández], como los directores y técnicos, a la FAPE merecen total respeto y confianza. Estamos seguros de que van a garantizar la independencia. De todos modos, estaremos vigilantes», aseguró ayer en un desayuno organizado por el Foro de la Nueva Comunicación. Noceda no se ha molestado en aclarar que la CNMC depende de Moncloa y no tiene competencias para censurar medios. De hecho, en democracia, nadie las ha tenido hasta que algunos medios empezaron a informar sobre la corrupción de Sánchez y su entorno familiar.
Sin ningún tipo de escrúpulos, Noceda ha afirmado que la protección de los medios de comunicación "debe ser una prioridad para el Gobierno". "Al ser una profesión no regulada por ley", precisó, "cualquier persona puede ejercerla y dar de alta una empresa como medio de comunicación en el Registro Mercantil", dijo manifestándose claramente a favor de la intervención gubernamental en la libertad de expresión..
La FAPE también aplaude la medida contemplada en el reglamento europeo -en su artículo 6- de publicar el nombre de los propietarios de los medios de comunicación y la publicidad institucional recibida. "Nos parece una medida eficaz para desincentivar y limitar el riesgo de injerencia con independencia editorial", dijo sin sonrojo, pese a que esa información ya es pública a través, precisamente, del registro mercantil.
Además, apoya la revisión de los sistemas de medición de audiencias, actualmente a cargo de GfK DAMM, como parámetro de reparto de publicidad institucional. No obstante, sobre los criterios de reparto, la federación propone que las administraciones públicas rechacen ayudas a "empresas periodística condenadas por sentencia judicial, o alguno de sus trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o noticias falsas"; y que, del mismo modo que el Gobierno brindará mayores ventajas a medios con lenguas cooficiales, también se den prioridades a «medios de información local y regional en comunidades donde no hay dos lenguas", favoreciendo de este modo a los medios que difunden bulos si lo hacen en catalán.
Para asegurar el cumplimiento del plan para los medios, el Ejecutivo anunció la creación de un comité interministerial, compuesto por siete ministerios y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés. En ese sentido, la FAPE ha solicitado al Gobierno crear una comisión asesora, integrada por expertos en distintas materias, a disposición de dicho comité. En resumen, la FAPE aplaude que sea el Gobierno el el que decida qué es un medio de comunicación bajo la condición de que no se critique a Sánchez y su entorno familiar.
Preguntado por la situación de inestabilidad que sufre el consejo de Radiotelevisión Española (RTVE), el presidente de la FAPE respondió que cree que "no se va a arreglar nunca". "Todos los gobiernos han tenido a RTVE a su servicio, esto no lo podemos negar. Y la petición de la FAPE es que lleguen a un acuerdo", indicó, justificando así la contratación de personajes como Broncano a precio de oro para que se pongan al servicio del Gobierno con el dinero de todos los españoles.
Noceda concluyó su intervención defendiendo que si el nuevo plan del Gobierno "es manipulador y va contra los principios del reglamento, lo denunciaremos. Pero si su actuación es correcta, no tendremos nada que decir. Estaremos vigilantes", se atrevió a decir tras este respaldo explícito a la censura del Gobierno.