El PSOE y EH Bildu han pactado una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la denominada popularmente por la izquierda y extrema izquierda como Ley Mordaza. Un acuerdo que ha anunciado en la mañana de este jueves la coalición que acoge a los herederos de Batasuna-ETA. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene muchas leyes en el Congreso que sacar adelante y no ha tenido reparos en doblegarse una vez más ante EH Bildu en busca de apoyos.
Entre las cuestiones más polémicas que han sido pactadas se encuentra la prohibición del uso de las pelotas de goma para mantener en orden y frenar los disturbios callejeros, las faltas de respeto y atentados contra la autoridad, así como los rechazos en frontera, que también se conocen como devoluciones en calientes. Cuatro puntos clave que echaron abajo la reforma que se inició la pasada legislatura porque el PSOE no quería llegar tan lejos.
El hecho de que el PSOE haya cedido ante los herederos de Batasuna-ETA en cuestiones que eran fundamentales ha causado un amplio malestar en el seno de la Policía Nacional y la Guardia Civil. De hecho, los principales sindicatos policiales y asociaciones de la guardia civil no han tardado en mostrar su malestar público ante el anuncio realizado esta mañana en la Cámara Baja. Han mostrado su rechazo en bloque a los cambios que se introducirían.
Justicia Policial (Jupol), uno de los sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional, ha considerado que "la eliminación de las pelotas de goma en la dotación de los agentes es una línea roja que desde este sindicato no podemos tolerar que se traspase, ya que supone la eliminación de una herramienta fundamental para el trabajo en situaciones de disturbios graves y con su eliminación se pone en grave riesgo la seguridad y la integridad física de los agentes".
"La eliminación de las pelotas de goma lo único que va a generar es un incremento de los lesionados entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las manifestaciones violentas y además entre los propios manifestantes, ya que está reforma solo dejará la posibilidad del cuerpo a cuerpo con los manifestantes violentos", han mantenido desde el sindicato policial.
El otro sindicato mayoritario, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), también ha mostrado su rechazo: "En lugar de reforzar el principio de autoridad contribuye este texto a favorecer las conductas contrarias a Derecho despojando a los policías de sus principales herramientas. No se puede favorecer desde un texto legal la desobediencia y el atentado a los agentes de autoridad cuando lo que perseguimos es reforzar el castigo de estas conductas delictivas".
"Esta reforma perjudica a los policías y a los ciudadanos, que sufrirían un empeoramiento en la calidad del servicio. La restricción en el uso de material antidisturbios que ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo es un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden en situaciones en las que hay que revertir de manera especialmente violenta en nuestras calles", ha añadido desde el SUP.
La Confederación Española de Policía (CEP) ha considerado que "Fernando Grande Marlaska no puede continuar ni un minuto más al frente" del Ministerio del Interior porque forma parte del "mayor ataque a la operatividad que han sufrido los profesionales de la seguridad pública en toda la democracia", que pretende "desmantelar el modelo de orden público español" y "llevarlo a un punto de no retorno".
"Quienes alteran la paz y la convivencia están hoy, sin duda, celebrando un acuerdo que traspasa todas las líneas rojas y que impide al ministro seguir siendo el máximo responsable político de un colectivo, el de los policías nacionales, frente al que ha perdido toda legitimidad al recortar la protección jurídica de la que disponen en su actividad", han mantenido desde el sindicato policial.
Justicia Civil (Jucil), la asociación profesional mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, ha asegurado que el acuerdo alcanzado en el Congreso "pone en riesgo la vida de guardias civiles y policías sólo por el juego político de que Bildu apoye los Presupuestos Generales del Estado" y ha considerado que "la nueva ley que se apruebe debería llamarse Ley de Odio a la Policía y Guardia Civil".
"Convertir las infracciones por desobediencia y resistencia a la autoridad en faltas leves y eliminar las pelotas de goma en situaciones de alteración del orden público es desarmar a los guardias civiles y policías. Este tipo de medidas ponen en riesgo la integridad de los agentes y también debilitan la seguridad pública, dejando expuestos a los ciudadanos en momentos críticos", han añadido desde la asociación.