La teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, ha salido al rescate de su amigo Cándido Conde-Pumpido. La mano derecha del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha solicitado a la Sala Penal del Supremo rechazar la querella presentada contra el presidente del Tribunal Constitucional por un posible delito de prevaricación en la tramitación de los recursos de la Ley de amnistía del 1-O.
La formación política Iustitia Europa se querelló contra Conde-Pumpido después de que el magistrado anunciara que asumiría la resolución sobre la abstención del magistrado izquierdista Juan Carlos Campo en los recursos presentados por el PP contra la amnistía. Todo ello, a pesar de que el propio presidente del Tribunal de Garantías estaba entonces recusado por los populares.
En un escrito de 7 páginas, al que ha tenido acceso Libertad Digital, Sánchez Conde afirma que "en la propia querella se reconoce que no existe resolución del Tribunal Constitucional que pueda tildarse de resolución injusta que es la esencia del delito de prevaricación judicial imputado".
"No obstante, aceptando, a efectos meramente dialecticos, el punto de partida de la misma referente a que el delito de prevaricación puede iniciarse antes de que se dicte la resolución definitiva, lo que la STS 972/2017, que se cita para justificarlo no reconoce, al no contemplar ningún supuesto de prevaricación judicial, cabe indicar que, en primer lugar la asunción de la ponencia por el magistrado querellado no contradice ningún precepto legal ni ninguna jurisprudencia que lo interprete, dado que no hay norma alguna que vede la intervención de un magistrado para decidir sobre la abstención solicitada por otro magistrado, existiendo por el contrario la obligación de conformar el Tribunal de conformidad a las prevenciones procedimentales de aplicación", añade.
"En segundo lugar existe una prerrogativa de inviolabilidad funcional que exime de responder a los magistrados del Tribunal Constitucional por las decisiones jurisdiccionales que adopten. Por lo expuesto, la Teniente Fiscal solicita de la Sala que tenga por cumplimentado el traslado conferido y que se dicte resolución por la que se acuerde declarar la competencia del Tribunal para el conocimiento del asunto y se acuerde la inadmisión a trámite de la querella y el consiguiente archivo de las actuaciones", concluye la mano derecha del fiscal general del Estado.
Tal y como publicó este diario, Sánchez Conde es considerada en el seno del Ministerio Público como "una de las fiscales de tendencia izquierdista más sectarias e ideologizadas. Es la ‘protegida’ de Conde-Pumpido y cuándo éste era fiscal general del Estado la aupó para dirigir la Fiscalía del Tribunal Constitucional, ha desarrollado su carrera siempre de su mano".
Recordamos que el magistrado conservador del Tribunal Constitucional, José María Macías, ya retrató en un voto particular la "irregularidad severa" cometida por Conde-Pumpido al asumir la ponencia sobre la abstención de Campo: "El recusado no interviene en ningún aspecto del procedimiento en el que ha sido recusado, y cuando son varios los recusados, ni intervienen en su recusación ni en la de los demás cuando sean varios los recusados. Lo contrario no sólo sería un contrasentido, sino que se prestaría fácilmente a una apariencia de connivencias entre los magistrados recusados que erosionaría de manera irremediable el crédito del tribunal. No respetar estas reglas supone incurrir, en mi opinión, en una irregularidad severa por lo evidente de la infracción".
La fiscal que señaló a Libertad Digital
Tal y como publicó este diario, la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, defendió la supuesta inocencia del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz en la filtración contra el novio de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso acusando a los medios de comunicación críticos de publicar "bulos e infundios".
"Ante el interés general suscitado por la opinión pública en relación con las informaciones publicadas, la nota de prensa emitida por la Fiscalía se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, los infundios publicados por los diarios El Mundo, Vozpopuli y Libertad Digital, así como por el Jefe del Gabinete de la Presidenta de la Comunidad de Madrid", afirmó Sánchez Conde en su escrito remitido a la Sala Penal del Supremo.
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