El partido de Carles Puigdemont y la CUP ya han dado el paso. El extinto Ciudadanos, el PP y Vox tienen razón. En España hay un problema con la ocupación ilegal de viviendas, cosa que les da igual, pero Cataluña es la región que los okupas de toda clase y condición han convertido en la primera región española. Y Barcelona es la capital. En toda la comunidad y según los datos de Interior de 2023 había 4.218 en Cataluña. El total español era de 10.345 casos registrados. Pero esas cifras no reflejan la dimensión real del problema dada la propensión de la Sareb y de muchos grandes propietarios a no denunciar.
Ahora y tras años de negar el fenómeno, de hablar de conspiraciones de la extrema derecha y de despreciar las denuncias de los partidos constitucionalistas, Junts y la CUP exigen cambios en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (la misma que quiere reformar el Gobierno para arrebatar a los jueces la instrucción y entregársela a los fiscales) a fin de que los okupas puedan ser desalojados en 48 horas y que los propietarios no se encuentren en la más absoluta indefensión y tengan que atravesar un calvario judicial y económico. Se escudan en un detallado informe del Colegio de Abogados de Barcelona sobre el aparataje legal que fomenta la ocupación ilegal de propiedades en España.
Lo que decía Albiol
Se ha impuesto el discurso del popular Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona, el único oasis del PP en su desierto catalana. El mismo discurso que pronuncia Vox. Si García Albiol es alcalde es en gran medida por sus pronunciamientos y actuaciones en materia de seguridad y en contra de los okupas y de la inmigración ilegal. Todos los partidos políticos independentistas, más socialistas y comunes le han tachado de "fascista" pero el portavoz de Junts en el Parlament, Albert Batet, y el alcalde de Gerona, Lluc Salellas, de la CUP, se quejan de lo mismo y exigen la misma mano dura con pocos matices que pregonan PP y Vox.
A Junts, que pretende recuperar al electorado tradicional de Convergencia, le ha salido un competidor inesperado, la Aliança Catalana de la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols. También diputada en la cámara regional, se maneja en términos "inaceptables" para la mayoría del independentismo cuando habla de inmigración, feminismo, delincuencia y seguridad. Pero Junts negocia la transferencia de las competencias en inmigración para aplicar punto por punto lo que proclama la última novedad de la política catalana, incluidas todas las disposiciones adicionales sobre el catalán como requisito indispensable.
El caso Riera
En cuanto a la CUP, el caso de la familia Riera en Gerona ha desatado tal indignación en los medios locales y regionales y en los usuarios de las redes sociales que el alcalde Salellas también pide absoluta celeridad en la recuperación de las viviendas usurpadas. Eso sí, matiza que siempre que las viviendas no sean de grandes propietarios o de la Sareb. Si por algo se ha distinguido la CUP es por su defensa a ultranza de los okupas, ya fuera en el caso de naves industriales utilizadas como centros "culturales" o de primeras residencias de propietarios particulares. No ha habido desalojo que no haya contado con elementos de la CUP haciendo frente a los Mossos d'Esquadra. De modo que lo del alcalde de Gerona es una enmienda a la totalidad de su propia formación, una amalgama de siglas con pocos militantes y escasamente cohesionadas.
El caso de los Riera ha sido el detonante de una reacción de Junts y la CUP que los alinea con las propuestas de la derecha. En Junts era tabú coincidir con PP y Vox. Y no es que ignoraran el fenómeno. Xavier Trias perdió la alcaldía de Barcelona tras semanas de disturbios por el intento de desalojo de una nave okupada en el barrio de Sants, "centro social autogestionado" en lo que eran unos almacenes de titularidad pública que sigue en la misma situación de 2014, año de los disturbios.
En cuanto a lo de Salellas, sus compañeros ponderan los elementos concretos del problema de la familia Riera. La Generalidad de Salvador Illa no se ha pronunciado. El discurso general en la consejería de Interior en la que ejerce de director general Josep Lluís Trapero es el de "mano dura" y cumplimiento de las órdenes judiciales. Illa por su parte se quejó del mensaje en X de Elon Musk en el que mostraba su sorpresa por el porcentaje de presos de nacionalidad extranjera que cumplen condena en las cárceles catalanas.
El negacionismo de los "Comuns"
Los "Comuns", la versión catalana de Sumar, se mantiene en el negacionismo del fenómeno. El resto de los partidos les acusan de haber fomentado la ocupación ilegal. Para los de Ada Colau, una activista de la plataforma antihipotecas que forjó la imagen con la que logró la alcaldía en los desahucios de la última crisis inmobiliaria, el problema en Barcelona es otro, el precio de los alquileres. A tal efecto han desplegado el "Sindicato de Inquilinos" y a su portavoz, Carme Arcarazo, una joven formada en los mejores colegios privados y en el extranjero considerada la nueva Ada Colau.
Colau y su formación nunca han ocultado sus simpatías por los okupa. El trágico caso del guardia urbano de Barcelona Juan José Salas en 2013 no quebrantó ni un ápice sus convicciones. El agente quedó tetrapléjico después de que un okupa le lanzara una piedra a la cabeza. El atacante fue un joven chileno, Rodrigo Lanza, el mismo que en 2017 asesinó a Víctor Laínez en Zaragoza.
En el caso del desalojo en Barcelona, Lanza fue defendido con ardor por la izquierda barcelonesa y del resto de España. Cuando fue condenado por el asesinato de Laínez no dijeron ni una palabra.