El fiscal de delitos económicos que investigó los presuntos delitos fiscales cometidos por Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Julián Salto ha asegurado en su declaración en calidad de testigo ante el juez del Tribunal Supremo Ángel Hurtado que no existe un protocolo que justifique el borrado del móvil del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz.
De esta forma se ha pronunciado Salto después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontrase "cero mensajes" en el teléfono móvil del Fiscal General y que el Ministerio Público se viese obligado a reconocer que este había borrado los mensajes. Sin embargo, la Fiscalía se escudaba en un supuesto protocolo de borrado de mensajes que debían cumplir los integrantes del equipo de García Ortiz de forma cíclica, algo que ha negado el fiscal que investigó a González Amador.
En concreto, según fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital apuntan que "el fiscal Julián Salto ha dejado sin coartada al fiscal general tras borrar su teléfono móvil. Salto ha asegurado que en la Fiscalía no existe un protocolo de borrado del dispositivo, tal y como alegó el propio García Ortiz tras conocerse que había borrado todos los mensajes de su móvil. Este extrema ha sido corroborado a su vez por Almudena Lastra. Cabe destacar que Salto es delegado digital de la Fiscalía madrileña. Tanto Lastra como Salto han ratificado además su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)".
Lastra retrata a García Ortiz
De esta forma se ha pronunciado Salto en una declaración que ha durado poco más de una hora y que ha sucedido a la de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, que también ha sido citada por Hurtado en calidad de testigo para explicar las comunicaciones que ambos mantuvieron durante la noche del 13 de marzo con el Fiscal General.
Estas comunicaciones antecedieron al comunicado emitido por el Ministerio Público a las 10:20 horas del día 14 de marzo, en el que se daba cuenta del cruce de corresos electrónicos entre la defensa de González Amador y Salto, que fue la que llevó a la justicia a intervenir y comenzar la investigación por la que se encuentran imputados García Ortiz y la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.
Así, de los informes de la UCO y de la investigación llevada a cabo por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), donde comenzó el caso, se sabe que Salto y Lastra mantuvieron una serie de conversaciones --con llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp-- durante la noche del 13 de marzo por dos asuntos relacionados: enviar a la Fiscalía General del Estado (FGE) la cadena de 'emails' y la publicación de la nota de prensa.
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