Moncloa empieza a mostrar un modus operandi cuando se siente acorralada por la acción de la justicia. En ese momento, opta por arremeter contra el magistrado. La andanada de este martes, tras la imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, citándolo a declarar el 29 de enero por un presunto delito de revelación de secretos recuerda a las críticas contra el juez Peinado tras el procesamiento de Begoña Gómez.
La portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reiterado desde la mesa del Consejo de Ministros el "total respaldo y confianza" del Ejecutivo en el fiscal general, subrayando que no existe "ninguna prueba concreta" que apunte a su implicación. "No compartimos la decisión sobre su imputación", ha afirmado en la rueda posterior al Consejo de Ministros. Alegría ha querido recalcar en varias ocasiones que "este gobierno siempre va a apoyar al que persigue el delito y no a quien lo comete".
El auto de Hurtado es demoledor contra el Gobierno. No solo imputa al Fiscal sino que señala al entorno de Pedro Sánchez. El instructor llega incluso a mencionar a Presidencia del Gobierno, sugiriendo que se realizaron "gestiones con clara intencionalidad política" para que la información sobre el novio de la Ayuso, Alberto González Amador, se hiciera pública, lo que perjudicaría a la presidenta madrileña.
Alegría ha tildado estas afirmaciones, recogidas en el auto del juez, de "elucubraciones" y ha pedido más pruebas a Ángel Hurtado. "En un estado de derecho, todo debe basarse en indicios, y en este caso no los hay", ha sentenciado.
Unas declaraciones que chocan con el auto de Hurtado que es muy claro al respecto. "Con la salida de la Fiscalía General del Estado y destino a la Presidencia del Gobierno, el mismo correo del 2 de febrero de 2024 circuló y llegó al medio de comunicación El Plural.com", se recoge en el auto judicial.
Alegría no solo ha rechazado las imputaciones contra el fiscal general, sino que también ha llevado el debate al "origen del delito", refiriéndose a los presuntos delitos fiscales cometidos por la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Desde Moncloa, se ha defendido la tesis de que se ha demorado indebidamente el procedimiento judicial, señalando que "casi un año después de haber cometido dos delitos fiscales, todavía no ha declarado". Una afirmación con la que ha querido sembrar dudas entre la rapidez con la que se ha avanzado en el caso del fiscal general y la lentitud en el proceso contra González Amador por un presunto fraude fiscal.
La portavoz también ha lanzado críticas hacia otros frentes. Ha acusado al jefe de Gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, de difundir "bulos, mentiras y filtraciones", afirmando que este no ha dudado en emplear recursos de la comunidad autónoma y utilizar amenazas para proteger a Ayuso y su pareja.
