El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga 73 bienes inmuebles vinculados con el empresario Víctor de Aldama y sus socios a través de sociedades ubicadas en España, Luxemburgo y Portugal en el marco de la trama Hidrocarburos.
Pedraz acordaba la semana pasada subir el contenido del teléfono móvil de Aldama a una pieza separada reservada de expurgo a la plataforma CLOUD dando acceso a su contenido únicamente al titular de mismo y al representante del Ministerio Fiscal. Además, levantaba el secreto de sumario.
Un escrito de 10 páginas de la Subdirección General de Conservación, Administración y Realización de Bienes del Ministerio de Justicia que forma parte del sumario, al que ha tenido acceso Libertad Digital, responde un auto de Pedraz en el que se encomendó a la Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) la gestión y realización de las cuentas bancarias, productos petrolíferos, vehículos e inmuebles relacionados con la trama Hidrocarburos.
La Oficina de Recuperación y Gestión de Bienes (ORGA) es un órgano de la Administración General del Estado cuya función es auxiliar a los órganos judiciales y fiscalías en la localización, recuperación, conservación, administración y realización de los efectos, bienes, instrumentos y ganancias procedentes de actividades delictivas cometidas en el marco de una organización criminal y en el de los delitos económicos más graves.
El escrito recoge un total de 73 bienes inmuebles investigados en el procedimiento, 54 fincas urbanas y 19 fincas rústicas, que se corresponderían con viviendas, garajes o naves industriales. Dichas propiedades están ubicadas en Sallent de Gállego, Huesca (1); Getafe, Madrid (8); Cilleros, Cáceres (20); Villamiel, Cáceres (1); Madrid (1); Albacete (1); Alcobendas , Madrid (1); Málaga (38); San Agustín de Guadalix, Madrid (1) y San Roque, Cádiz (1).
Dichas propiedades están vinculadas con diversas sociedades. Entre ellas, GARDEN INVEST GROUP S.A. radicada en Luxemburgo; STILL GROWING SL y VILLAFUEL S.L., administradas por María Luisa Ruiz-Capillas (hermana del socio de Aldama Claudio Rivas); o LOGISTICA COMERCIAL MONTELIMAR S.L., BUSINESSCITY S.L. y ATMOSFERAUDAZ UNISPESSOAL (Portugal), administradas por el propio Víctor de Aldama.
Algunos de estos inmuebles están vinculados con la sociedad MARTINA 2017 REAL ESTATE S.L de la exmujer de Aldama, Patricia Ramos o por FERTINVEST CONSULTING S.L., vinculada con sus socios César Moreno y Luis Alberto Escolano.
El pasado mes de octubre, el juez Pedraz acordó el ingreso en prisión de Víctor de Aldama y Claudio Rivas por su implicación en esta organización dedicada al fraude en el pago de impuestos de hidrocarburos, mientras dejaba en libertad con medidas cautelares a la tercera detenida, María Luisa Rivas, hermana de este último. El magistrado atribuía a los investigados los delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública y un fraude que ascendería hasta los 182.513.923,15 euros.
Tras declarar en la Audiencia Nacional, en el marco de la trama Koldo, Pedraz decretó la libertad provisional de Aldama y semanas después hacía lo propio con Rivas.
Así operaba la trama Hidrocarburos
Según los investigadores, la organización criminal de la trama Hidrocarburos "diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela que utilizó para perfeccionar el blanqueo de los capitales generados. Así, a las cuentas bancarias tituladas por éstas, transfirieron fondos de procedencia delictiva, principalmente, desde las cuentas de las suministradoras. Dado que el dinero viene de las suministradoras, mercantiles que se emplean para bajar el precio del hidrocarburo con el IVA que no van a abonar, todo el dinero que transfiere procede de la cuota presuntamente defraudada".
Otro de los fines de esta organización "estaba orientado al blanqueo de capitales que está parcialmente identificado y que consistía en el retorno de fondos con bienes muebles, inmuebles, vinos de alta gama, joyas u otros bienes de consumo que según el juez fueron disfrutados por Aldama. Todas estas operativas de transferencias de fondos se habrían amparado bajo supuestos contratos de prestación de servicios".