La Casa Orsola es el nuevo símbolo de la izquierda barcelonesa. El Sindicato de Inquilinos ha forzado al Ayuntamiento a adquirir el inmueble para evitar el desahucio de un vecino que se negaba a pagar un alquiler superior al que tenía desde hacía años.
Desde hace tres años los vecinos del inmueble se habían organizado para evitar que la renovación de los contratos de alquiler aparejara nuevas condiciones y subidas. Desde el primer momento contaron con el Sindicato de Inquilinos, una organización vinculada a los Comunes de Ada Colau que ha cobrado notoriedad en los últimos tiempos convocando manifestaciones e instando a los inquilinos a hacer huelgas de pago.
El inmueble era propiedad de Albert Ollé, quien había manifestado en los últimos días su predisposición a deshacerse del edificio ante las protestas por el desahucio de uno de los vecinos. El edificio, un ejemplo del modernismo residencial en la parte izquierda del Ensanche, había sido adquirido por un fondo vinculado a Ollé con el objeto de destinarlo a alquileres de temporada, modalidad en auge en Barcelona ante las regulaciones de la Generalidad y el Ayuntamiento.
La oposición de los inquilinos y del sindicato frustró sus planes y la mediación municipal le ha dado salida al inmueble en forma de venta. El Ayuntamiento y una empresa del tercer sector denominada Hábitat 3 han abonado 9,2 millones de euros a cambio del edificio.
El Ayuntamiento, "de espaldas a los vecinos"
El Sindicato de Inquilinos celebra su victoria, pero arremete contra el Ayuntamiento en los siguientes términos: "Lejos de ponerse del lado de los inquilinos, el Ayuntamiento ha negociado a espaldas de los vecinos y del Sindicato para garantizar que el especulador no perdiera ni un euro. El gobierno municipal pagará 9,2 millones de euros a Albert Ollé, rescatándolo y premiándolo después de años intentando expulsar a los vecinos".
Colau descartó la compra
En sus tiempos de alcaldesa, Ada Colau descartó la compra del edificio y animó a impedir que el fondo de inversión lograra su objetivo de no renovar los alquileres residenciales para convertirlos en alquileres de temporada.
Sin embargo, el nuevo alcalde, el socialista Jaume Collboni, ha preferido sacudirse el problema con la compra del inmueble. En las últimas semanas eran habituales las concentraciones de protesta delante del edificio para evitar el desahucio de uno de los vecinos, Josep Torrent, un profesor que llevaba décadas viviendo en el inmueble y pagaba un alquiler de novecientos euros.
El edificio cuenta con 27 viviendas y cuatro locales. Al menos tres de las viviendas habían sido ya alquiladas con las nuevas condiciones.