El traspaso de las líneas de cercanías de Renfe en Cataluña (denominadas "Rodalies") es la causa de una convocatoria de huelga por parte de todos los sindicatos del comité general de empresa de la compañía ferroviaria así como de Adif prevista para la segunda quincena de este mes y los días 1 y 3 de abril. La intención de los sindicatos es colapsar totalmente el servicio ferroviario en España el 17 y 26 de marzo y 1 de abril mientras que el resto de los días de huelga se llevaran a cabo paros parciales.
Las organizaciones laborales denuncian que Gobierno y Generalidad les han mantenido al margen de las reuniones para acometer el traspaso del servicio de cercanías en Cataluña y se oponen a la creación de una nueva empresa en la región que debería asumir al personal de Renfe y Adif afectado por el acuerdo político.
A juicio de los representantes sindicales, esa nueva empresa supondrá un coste añadido para los ciudadanos al duplicar el entramado societario, lo que implicaría nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas "para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública. Esta duplicidad afectará también a las economías de escala en la compra de trenes, materiales, instalaciones de circulación y seguridad, formación y habilitaciones". También denuncian "la indefinición jurídica sobre el futuro de la plantilla del Grupo Renfe que presta el servicio de Rodalies", señala el comunicado de convocatoria de huelga.
Señalan a Óscar Puente e Illa
Las direcciones de Renfe y Adif y los sindicatos llegaron a un acuerdo en noviembre de 2023 mediante el que el Grupo Renfe y Adif continuarían siendo los prestadores de los servicios de Rodalies y Renfe Mercancías, se preservaría la integridad de las plantillas en ambas empresas públicas y se establecerían grupos de trabajo y negociación para adoptar soluciones consensuadas. Sin embargo, las "soluciones" adoptadas por el Ministerio que dirige Óscar Puente en coordinación con la Generalidad de Salvador Illa "son diametralmente opuestas a lo pactado", señalan los convocantes de los paros.
Los sindicatos también denuncian un proceso de privatización encubierta de Renfe Mercancías "a través de la creación de una nueva sociedad controlada por la compañía logística MSC" y sostienen que facilitar la operación "se está permitiendo el deterioro de la empresa pública mediante acciones como no concurrir a nuevas contrataciones de carga de trabajo, obstaculizar la labor de los comerciales en la captación de clientes y bloquear la operatividad de los trenes por inacción de los centros de gestión".