El Gobierno de Pedro Sánchez lleva varios años entregando diferentes competencias propias de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los cuerpos policiales autonómicos en función de sus necesidades políticas. Cada vez que se encuentra en dificultades en el Congreso de los Diputados para aprobar una ley o unos presupuestos entrega competencias policiales como pago a los partidos nacionalistas, que buscan la desaparición de Policía Nacional y Guardia Civil de sus regiones.
Esta semana hemos visto la entrega de las competencias de inmigración, extranjería y fronteras en Cataluña a los Mossos d´Esquadra tras un acuerdo político entre el PSOE y Junts. Antes de ello, se han retirado a desactivadores de explosivos y expertos en montaña de Cataluña, País Vasco y Navarra, se ha aprobado la salida de la Guardia Civil de Tráfico de Navarra, y se permite que Mossos y Ertzaintza jugueteen con las competencias marítimas.
Otra de las competencias retiradas ha sido la seguridad pública de los puertos y aeropuertos en el País Vasco. Se ha sacado a policías nacionales y guardias civiles de esas instalaciones para que sean los efectivos de la Ertzaintza los que se encarguen de la seguridad. La toma de posesión oficial de esa competencia tuvo lugar este lunes, en un acto en el que hizo acto de presencia el lehendakari vasco, Imanol Pradales, en el Puerto de Bilbao.
Sin embargo, la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), la asociación profesional del Instituto Armado que cuenta con un apoyo abrumador de los mandos en cada elección al Consejo de la Guardia Civil que se organiza, va a tratar de frenar la entregada de esa competencia en los tribunales. En las últimas horas, ha presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Según ha explicado la asociación, ese recurso pretende invalidar "los acuerdos adoptados por la Junta de Seguridad del País Vasco, recogidos en los puntos 3 y 4 del Acta de la reunión XXXVIII de la Junta de Seguridad celebrada el 24 de julio de 2024, y contra los actos de ejecución y aplicación de dichos acuerdos y por los que a partir del 3 de febrero de 2025, la Ertzaintza ejerce, en todos los puertos del País Vasco incluida la lámina de agua, como policía integral".
UO interpreta que "estos acuerdos no tienen fuerza de Ley ni rango suficiente para modificar lo previsto en la Ley Orgánica 2/1986 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ni en la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para el País Vasco". Un argumento idéntico al empleado en su recurso para frenar la expulsión del Seprona de Cataluña, que presentó a principios del pasado mes de febrero.