La respuesta al golpe separatista del 1-O de 2017 se orquestó por medio de la aplicación del 155 de la Constitución Española. No fue una aplicación severa de ese artículo, pero se pudo articular porque las estructuras del estado para accionarlo estaban operativas. Las cesiones de Pedro Sánchez en los últimos años al separatismos dibujan un panorama muy distinto: la policía y guardia civil estarán totalmente diezmadas en breve, la hacienda catalana estará lanzada, la deuda empaquetada al resto de España y hasta la ley de amnistía les servirá para disculpar un nuevo golpe.
"Las cesiones de Sánchez al separatismo están dejando al Estado prácticamente sin resortes para aplicar un nuevo 155 en Cataluña", se trata de la reflexión que un miembro de la judicatura realiza tras comprobar la profundidad de la última cesión: la de las competencias de inmigración y, por lo tanto, de vigilancia de las fronteras.
Una presencia en declive
Desde la Guardia Civil, asociaciones como JUCIL, no han dejado de alertar del debilitamiento y recorte de la presencia de guardias en Cataluña. Desde el mar -donde los mossos han usurpado el patrullaje del litoral que debía ser una competencia exclusiva de la Guardia Civil-, hasta el actual papel subordinado que les espera en las fronteras en el momento en el que adopte esa competencia la Generalidad catalana.
La Guardia Civil y la Policía Nacional fueron decisivas los días del 1-O. Y a partir de ahora contar con efectivos permanentes en Cataluña será mucho más complicado. Y eso implica que también la información captada por ellos se reduce y la seguridad pasa a defender de los mossos de una forma mayoritaria. No hay que olvidar el papel de los mossos en el 1-O.
Pero, además, la ley de amnistía ha servido para justificar los delitos relacionados con el golpismo separatista. La exposición de motivos, de hecho, culpa al resto y respalda la pretendida legitimidad de aspirar a la ruptura nacional. La norma está vigente, aunque no se haya aplicado en la parte de malversación de caudales públicos. Y eso significa que la operatividad del mecanismo legal contra el separatismo está, cuando menos, en entredicho.
Un blindaje para el separatismo
Con respecto a la hacienda catalana, más de lo mismo. Y ese fue uno de los mayores puntos débiles que tuvo el 1-O: los golpistas vieron que se quedaban sin ingresos tributarios por la falta de avance de la hacienda catalana. Pues bien, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) acaba de alertar de que la Generalidad Catalana ya ha puesto en marcha su plan para la implantación del cupo catalán, un sistema que acaba con sus aportaciones al sistema de solidaridad. Los inspectores han reiterado su enorme preocupación por la gravedad del impacto y han señalado que se ha empezado a implantar el sistema sin respaldo legal.
Los inspectores de Hacienda denuncian que la Generalidad Catalana ha comunicado ya un "incremento de personal que irá acompañado de un amplio despliegue territorial: 36 oficinas en toda Cataluña, cuatro de las cuales estarán ubicadas en las capitales de provincia y contarán con varios mostradores de cita previa". En total, "se pasará de los 35 mostradores disponibles en la campaña del año pasado a 87 en la actual, más del doble (+148%)", añaden. El comunicado de la Generalidad explica que "el año que viene tendremos que gestionar la campaña de la renta solos desde la ATC, y lo que haremos este año es un primer paso en esa dirección". Traducido: Cataluña ya ha lanzado todo un plan de desarrollo sin respaldo legal alguno. Y el Gobierno de Sánchez lo está permitiendo.
Para colmo, la falsa condonación de deuda de Sánchez implica el traslado de 17.104 millones de deuda catalana a todo el resto de españoles, con lo que la posición catalana para captar deuda en el mercado mejora. Y ese fue otro de los puntos débiles en el 1-O: vieron que no lograban financiación de los mercados para lanzar su pretendida independencia.
Para colmo, algunas empresas que se fueron el 1-O han anunciado bajo presión su vuelta a Cataluña. Y eso implica que el separatismo se encontrará más crecido para repetir un golpe contra España y la Constitución.
En resumen, que las cesiones de Sánchez al separatismo están dejando al Estado casi sin resortes para aplicar un nuevo 155 en Cataluña. Y los independentistas son tan conscientes que, de hecho, ese es su objetivo.