La indignación se ha apoderado del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) tras las órdenes recibidas por parte del presidente del Gobierno Pedro Sánchez tras el apagón eléctrico del pasado lunes en toda España.
Fuentes de la ciberseguridad nacional consultadas por Libertad Digital aseguran que "durante las primeras reuniones mantenidas por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN), Sánchez ordenó a los agentes del CNI que buscaran cualquier coartada que le permitiera eludir de alguna forma su responsabilidad directa, tales como un posible ciberataque o un sabotaje. Ordenó ‘buscad lo que sea’ y este hecho ha provocado una gran indignación en el seno de la Inteligencia Española".
"Con este objetivo, el presidente del Gobierno instó al CNI a que accediera a los sistemas de las compañías eléctricas Red Eléctrica, Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP y Acciona Energía la semana pasada", añaden.
El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se fundó en 2013 ante la necesidad de disponer de una estructura eficaz para afrontar riesgos y amenazas complejas como terrorismo, ciberataques, pandemias, inestabilidad internacional o desastres naturales. Tras el apagón, el CSN se ha reunido en varias ocasiones en los últimos días. Este organismo público depende directamente del presidente del Gobierno e integra a los titulares de los ministerios clave relacionados con la seguridad: Defensa, Interior, Exteriores, Sanidad o Economía, entre otros. También forman parte representantes del CNI y otros organismos especializados. La función básica es asesorar al presidente en cuestiones estratégicas de seguridad, tanto a nivel interno como internacional, y facilitar la coordinación entre las distintas administraciones del Estado.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "el malestar en el CNI también apunta hacia su propia directora. Esperanza Casteleiro debió advertir a Pedro Sánchez en la reunión del Consejo de Seguridad Nacional sobre la vulnerabilidad que ha supuesto el apagón para la seguridad nacional".
"Casteleiro debía haber interpelado al presidente del Gobierno para que diera una vuelta al esquema actual de seguridad del Estado tras el suceso, ya que se ha mostrado mundialmente una vía de debilidad para posibles ataques de terceros países. A pesar de que la directora del CNI tenía previsto efectuar dicha exposición en el CSN, Casteleiro guardó silencio tras el tenso enfrentamiento vivido en la reunión entre Sánchez y la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor", concluyen.
Mientras tanto, el Comité para el análisis de la crisis energética ha creado dos grupos de trabajo compuestos de diferentes expertos. El primer grupo coordinado por el Ministerio de Transición Ecológica tratará de determinar si existió algún error en la gestión del sistema eléctrico el pasado lunes, cuando toda la Península Ibérica se quedó a oscuras.
Por otro lado, el grupo de sistemas digitales y ciberseguridad, supervisado por el Ministerio de Transformación Digital, se centrará en analizar la información y los datos que han sido pedidos por parte del Gobierno a las compañías eléctricas. Las cajas negras de los sistemas eléctricos almacenan miles de datos y desde el Gobierno quieren examinarlos al detalle.
Recordamos que el director de Servicios a la Operación de Red Eléctrica, Eduardo Prieto, descartó el pasado martes que el origen del apagón fuera un ciberataque, y aseguraba que "efectivamente no ha habido ningún tipo de intrusión en los sistemas de control que pudieran haber ocasionado el incidente". Una afirmación que no gustaba nada al propio Pedro Sánchez que posteriormente insistía en que no se podía descartar todavía ninguna hipótesis.
La investigación secreta de la Audiencia Nacional
Por su parte, el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, a petición de la Fiscalía, declaraba la semana pasada el secreto de actuaciones en la causa abierta para investigar si el apagón en la red eléctrica española del pasado lunes, que afectó a todo el territorio peninsular, pudo ser un acto de sabotaje informático en infraestructuras críticas españolas, en cuyo caso encajarían en un delito de terrorismo del artículo 573.1 y 2 del Código Penal.
En un auto, el magistrado acordaba como primeras diligencias requerir al Centro Criptológico Nacional y a Red Eléctrica Corporación SA la elaboración de sendos informes para que en un plazo improrrogable de diez días indiquen la o las causas que motivaron el apagón. Del mismo modo, solicitaba a la Jefatura de Información de Policía para que, también en un plazo de diez días, presente informe preliminar sobre los hechos acontecidos.
Póngase en contacto con nosotros en investigacion@libertaddigital.com