El empresario Víctor de Aldama reclama 250.000 euros a la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por llamarle "delincuente" en el programa de Jordi Évole en la Sexta.
La demanda de 9 páginas, previa a la interposición de una querella, ha sido presentada en los Juzgados de Madrid. En el escrito, al que ha tenido acceso Libertad Digital, el abogado de Aldama, José Antonio Choclán, afirma que "la Sra. Montero atribuyó a mi mandante de manera directa la condición de "delincuente", aunque irónicamente matiza "presunto ", "venga presunto", y expresando públicamente su convencimiento de que el Sr. Aldama iba a volver a la cárcel, precisamente en el marco del procedimiento judicial donde el Ministerio de Hacienda a su cargo ostenta la condición de parte interesada, en la medida en que manifestó que el mismo tuvo su origen en una investigación realizada por la Agencia Tributaria. Así le atribuye como hecho cierto, ignorando su presunción de inocencia, "que el Sr. Aldama tiene un problema, el fraude fiscal que tiene con los hidrocarburos".
"La demandada, ha incumplido abiertamente sus deberes institucionales como Alto cargo del Estado, que tiene la obligación positiva de respetar con relación al ciudadano (1) el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal y social, y (2) absteniéndose de toda actuación que vulnere la presunción de inocencia, que rige en el ámbito estrictamente procesal, cuya protección se encuentra en el art. 6.2 CEDH, y su dimensión social, cuya protección dispensa el art. 8 CEDH, por su afectación al derecho al honor y la reputación personal de la persona investigada en un proceso penal", añade.
"Sin embargo, en la citada entrevista, la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública a través de un medio de difusión masiva claros prejuicios de culpabilidad contra el Sr. Aldama, tales como que tenía un problema, un fraude fiscal, y que era un delincuente y que acabaría seguro en la cárcel, que lesionaban de modo irremediable no solo el derecho a la presunción de inocencia en su dimensión procesal, sino, en lo que ahora nos concierne su derecho a la intimidad personal y al honor. Pues, como ha declarado el TEDH, cuando la vulneración de la presunción de inocencia en su dimensión social proviene de los poderes públicos, como aquí ocurre, se lesiona el honor y la reputación de la persona investigada/acusada, cuya protección se encuentra en el art. 8 CEDH", destaca.
La demanda señala que "las manifestaciones vertidas tuvieron una inequívoca difusión en la medida en que, no sólo se emitieron en la franja correspondiente al programa televisivo donde se vertieron, sino que, posteriormente, se reiteraron en otros espacios televisivos, así como en prensa digital y redes sociales, multiplicando su alcance y la expansión del daño".
"Partiendo de los hechos anteriores, se concluye que las gravísimas afirmaciones realizadas por la demandada son objetiva y subjetivamente injuriosas en cuanto atentan al honor, buen nombre e imagen de D. Víctor de Aldama Delgado. Por ello, por medio del presente escrito solicitamos:
1)Que la demandada reconozca expresamente el daño producido.
2) Que la demandada rectifique las manifestaciones realizadas, en idéntico medio y franja horaria.
3) Que indemnice a mi mandante con el importe. de 250.000 euros, en que se fijan prudencialmente los daños causados.
Indemnización de 250.000 euros
Según la demanda, "se avenga la hoy demandada a reconocer el carácter gravemente injurioso de las manifestaciones que son objeto de esta papeleta de conciliación, y en su caso de próxima querella; que se ha producido un indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial, profiriendo afirmaciones injuriosas, que han lesionado el honor y la imagen y la reputación social del Sr. Aldama, que es presentado por la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra demandada como culpable, como delincuente, haciendo el pronóstico público de que volverá a la cárcel, conclusión que obtiene utilizando una información reservada, apuntando que es autor de un fraude fiscal, y que lo conoce porque la Agencia Tributaria, dependiente de su Ministerio, inició la investigación".
"Y, en consecuencia, solicitamos que se retracte públicamente de las mismas en la misma forma en la que aquellas se difundieron. En todo caso, y pese a que, como consecuencia de estos hechos y de las manifestaciones vertidas por la demandada se ha visto perjudicado el buen nombre y la imagen de mi mandante, y que esta circunstancia ha generado daños en su honor e imagen pública, solicitamos que se indemnice a mi patrocinado con la suma de 250.000 euros", concluye.
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