La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha desestimado el recurso presentado por un presunto maltratador que pretendía evitar ser juzgado bajo la Ley de Violencia de Género, alegando que tras cambiar su sexo en el Registro Civil ya es oficialmente una mujer. El tribunal considera que dicho cambio "no obedeció a una decisión sincera", sino que "podría haberse realizado con finalidades fraudulentas" y, por tanto, dictamina que sea un juzgado especializado el que investigue su caso y aplique las penas que le corresponderían como hombre.
El auto no solo es una victoria para su víctima, sino también para otras mujeres maltratadas que luchan para evitar que sus agresores se salgan con la suya gracias a la polémica norma de Irene Montero. Entre ellas, la víctima de Candy, el sevillano que ha conseguido sortear la Ley de Violencia de Género a pesar de ser un maltratador reincidente, y cuyo abogado ya ha anunciado su intención de recurrir al Supremo de inmediato.
"El Alto Tribunal tiene que dictar una doctrina única, y con dos audiencias dictaminando en términos opuestos, ahora tendrá que decidir cuál de las dos es la que sienta jurisprudencia", ha advertido José Antonio Sires, que asegura que la tesis de la Audiencia de Castellón coincide con la que él siempre ha planteado: "Hubo fraude de ley en el cambio de género, y Candy no se siente mujer en modo alguno".
Los argumentos de los magistrados
En el caso registrado en la Comunidad Valenciana, los magistrados han desestimado la apelación del acusado para evitar que su caso fuera remitido al Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 1 de Castellón tras adoptar la condición legal de mujer el 29 de agosto de 2023. "Efectivamente, la inscripción en el Registro Civil del cambio de sexo produce los efectos en tal sentido, pero no es menos cierto que, en el caso de autos, concurren una serie de circunstancias de las que se infiere que, en realidad, dicha inscripción no obedeció a una decisión sincera, sino que más bien podría haberse llevado a cabo con otras finalidades fraudulentas".
En este sentido, recuerdan que "el investigado ha sido pareja de la denunciante durante más de diez años, llegando a tener una hija en común de la que se sigue considerando su padre". Además, subrayan que ya había tenido anteriores procedimientos de violencia de género, por lo que es conocedor de las consecuencias, a lo que podría enfrentarse y la forma de evitar sus efectos".
Con todo, la conclusión de la defensa de la víctima de Candy es contundente: "Este caso es un calco exacto de lo que sufre nuestra defendida, de modo que el Supremo la tiene que apoyar", subraya José Antonio Sires, que asegura que ambas mujeres —su clienta y la mujer del acusado en Castellón— sostienen exactamente lo mismo: que la única razón que subyace en la actuación del investigado es "evitar y evadir sus responsabilidades penales de sus propios actos", con lo que "hay argumentos de sobra para que Candy sea objeto de juicio por violencia machista, sin lugar a dudas".
El caso de Candy
Según relató en su día el propio Sires, su defendida rompió de manera definitiva la relación sentimental con el padre de sus hijos hace ya casi seis años debido a los malos tratos tanto psicológicos como físicos que sufrió durante una década, hechos que fueron denunciados en numerosas ocasiones en los juzgados de Violencia sobre la Mujer. Por aquel entonces, él ya había estado 18 meses en prisión por maltratar a otra pareja.
En 2014 le fueron concedidas varias órdenes de protección que, sin embargo, el agresor quebrantó reiteradas veces, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Tras varios recursos, todos ellos desestimados, el 11 de septiembre de 2023, un juzgado de lo Penal de Sevilla ordenó su ingreso inmediato en prisión, aunque, en estos momentos continúa en busca y captura y a la espera de que se le juzgue por la última agresión, cometida ya en julio de 2024, una vez que su cambio de sexo había sido aprobado.
El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Sevilla dictaminó que el tribunal competente para hacerlo es, por tanto, un tribunal ordinario, ya que ahora debe ser considerado una mujer a todos los efectos. Sin embargo, ahora será el Tribunal Supremo el que deberá pronunciarse sobre un dilema que, tal y como vienen denunciando las feministas, es y seguirá siendo recurrente mientras la Ley Trans siga en vigor.