El trilerismo de Conde-Pumpido: no se aplica a sí mismo la Ley con la que apartó a Macías de la amnistía

El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, no quiere aplicarse la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que le dejaría fuera de la deliberación de la Ley de amnistía del 1-O del Gobierno de Pedro Sánchez, después de haber apartado con la misma norma al magistrado conservador José María Macías.

El Partido Popular ha reclamado este lunes a Cándido Conde-Pumpido que se abstenga en el Pleno que resolverá el recurso de inconstitucionalidad presentado por su formación contra la citada Ley de Amnistía, "aplicando el mismo criterio que se ha utilizado para apartar al magistrado Macías". Cabe destacar que la esposa del presidente del Constitucional, la magistrada Clara Martínez de Careaga, siendo vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anticipó la supuesta constitucionalidad de la amnistía al votar a favor de la misma en abril del pasado año. Conde-Pumpido consiguió apartar a Macías porque este magistrado siendo también vocal del CGPJ informó en contra la constitucionalidad de la amnistía.

Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital denuncian "el trilerismo y el cinismo tramposo de Conde-Pumpido. Quizá no había caído o creería que iba a pasar desapercibido el hecho de que la Ley a la que recurrió para apartar al conservador Macías de la deliberación se le volvería en su contra y supondría que él mismo también se tendría que apartar. Conde-Pumpido quería manipular ideológicamente la composición del Pleno del TC para garantizar que se avale la amnistía de Sánchez sin problemas, aparentando una falsa búsqueda de la imparcialidad".

"El presidente del TC fundamentó la eliminación de Macías de la deliberación en que había participado como vocal del CGPJ en la elaboración de un informe contrario a la amnistía. Para ello, cambió la doctrina del Tribunal de Garantías y posteriormente, apeló al artículo 219.13 de la (LOPJ). Dicho artículo establece como causa de abstención o recusación ‘haber ocupado cargo público, desempeñado empleo o ejercido profesión con ocasión de los cuales haya participado directa o indirectamente en el asunto objeto del pleito o causa o en otro relacionado con el mismo’", añaden.

Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "Conde-Pumpido tras cambiar la doctrina del TC, también tendría que apartarse ya que los artículos 219.14 y 219.15 señalan que son causas de abstención y, en su caso, de recusación en los procesos en que sea parte la Administración pública, encontrarse el juez o magistrado con la autoridad o funcionario que hubiese dictado el acto o informado respecto del mismo o realizado el hecho por razón de los cuales se sigue el proceso".

"El vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable, o el parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad, con el juez o magistrado que hubiera dictado resolución o practicado actuación a valorar por vía de recurso o en cualquier fase ulterior del proceso", especifica también la citada Ley Orgánica del Poder Judicial como causa de abstención.

"Conde-Pumpido tendría que incluir la petición del PP de su abstención en un orden del día, pero previsiblemente alegará que se ha presentado fuera de plazo. En todo caso, se ha presentado cuando el presidente del TC ha cambiado la doctrina del tribunal, ya que anteriormente no hubiera sido viable. No obstante, si se aplica para apartar al conservador Macías, también serviría para apartarse a sí mismo de la deliberación de la Ley de amnistía del 1-O", concluye.

Cuenta atrás para la sentencia

Tal y como publicó este diario, los letrados del TC que integran el ‘grupo de trabajo’ para redactar el borrador de sentencia que avalará la Ley de amnistía se reunió hace pocas semanas para efectuar una puesta en común final. Se espera que próximamente terminen su borrador y se lo presenten a la ponente, la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán, y al propio Conde-Pumpido.

Previsiblemente, la sentencia pueda deliberarse en el mes de junio y aprobarse de forma definitiva a finales de ese mismo mes. Se espera que el borrador avale la Ley de Pedro Sánchez con alguna pequeña modificación formal para intentar disimular la parcialidad del Tribunal de Garantías que preside Conde-Pumpido.

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