El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, ha convertido el Tribunal de garantías en "un búnker" para que el presidente del Gobierno Pedro Sánchez resista en el poder.
Este lunes, arranca a las 11:00 horas el Pleno del Tribunal Constitucional donde se deliberará sobre la el borrador de sentencia de la Ley de amnistía del 1-O tras el recurso presentado por el PP contra la norma. Magistrados conservadores solicitaron a Conde-Pumpido más tiempo para estudiar la ponencia y el presidente del TC lo que hizo sorprendentemente fue ampliar de 3 a 5 días el Pleno para deliberar.
Fuentes del TC consultadas por Libertad Digital denuncian que "Conde-Pumpido ha convertido el Tribunal Constitucional en el búnker de Pedro Sánchez para que siga en la Moncloa. El bloque izquierdista actúa como una secta al servicio de los intereses del Gobierno socialista. Es realmente triste e indignante la previsibilidad de un órgano jurisdiccional. Antes de que arranque la deliberación, ya se sabe que la amnistía va a ser avalada con los 6 votos de los magistrados izquierdistas y los 4 votos en contra de los conservadores, ya que el magistrado izquierdista Juan Carlos Campo se abstuvo y el conservador José María Macías fue apartado. Si no, el resultado sería como siempre 7 a 5, a favor de los izquierdistas".
"Actualmente, Sánchez está acorralado por diversos casos de corrupción y va a ser muy ilustrativo como cada magistrado pasa a la historia y se retrata con su voto a favor o en contra de la amnistía para permitir a Sánchez seguir en el poder. No sirve para nada que Conde-Pumpido haya aumentado los días de deliberación de 3 a 5 días, porque no hay nada que deliberar, ni debatir. La decisión ya está tomada y lo demás es un paripé y una pantomima", añaden.
Las mismas fuentes consultadas por LD subrayan que "la ponencia de la magistrada izquierdista Inmaculada Montalbán es un auténtico disparate. No se puede sostener que lo no que no está prohibido específicamente en la Constitución está permitido. Es un escándalo además que la propia Montalbán asegure en la ponencia que la amnistía es una ‘cuestión nacional’ al margen de la Unión Europea. Durante el Pleno se espera que la ponencia de sentencia se asuma prácticamente en su totalidad".
"El propio Conde-Pumpido está teniendo muchos problemas en la calle por la indignación de la ciudadanía. Cuando va a bares y restaurantes muchas personas le recriminan sus actuaciones e incluso le han llegado a gritar prevaricador. El otro día tuvo un percance en este sentido", concluyen.
El borrador de sentencia de la Ley de amnistía afirma que "la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales". Montalbán sostiene que "el legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente". Y sobre esto último, aclara que la amnistía y el indulto son "instituciones diferentes", por lo que "la inconstitucionalidad de una ley de amnistía no puede fundamentarse en la prohibición de los indultos generales".
Asimismo, la vicepresidenta del TC responde al PP en su borrador de sentencia, respecto a la verdadera motivación de la ley de amnistía, que "la ley, como acto jurídico y siempre que respete lo establecido en la Constitución, es libre en cuanto a su fin, que se fija según criterios de oportunidad política". La ponencia da la razón al PP pero solo en tres puntos concretos, declarando la constitucionalidad del resto de la ley de amnistía, es decir, lo esencial.
La Comisión Europea en contra de la amnistía
La Comisión Europea (CE) dejaba en evidencia hace dos semanas al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, como jurista con la sentencia que avalará la Ley de amnistía del 1-O elaborada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
La Comisión Europea alegaba ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que la amnistía del 1-O es "contraria al principio del Estado de Derecho" y que "no parece que responda a un objetivo de interés general reconocido por la UE". El Gobierno de la UE en su escrito presentado en el marco de la cuestión prejudicial iniciada por el Tribunal de Cuentas calificaba la Ley de Sánchez como "autoamnistía" y destacaba que "los votos de sus beneficiarios han sido fundamentales para su aprobación en el Parlamento español". También resalta que "es parte del acuerdo político para lograr la investidura del Gobierno".
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