Nuevo fallo de la Generalidad en la protección de los menores a su cargo. El pasado 18 de junio, una niña de 14 años residente en un centro de la Fundación Resilis (señalada por la Sindicatura de Cuentas de la propia Generalidad por irregularidades en la gestión de fondos públicos) en Gerona fue asaltada y violada cuando se dirigía sola a un centro de salud mental infantil donde recibía tratamiento.
Los responsables del centro aseguran que ese mismo día activaron los protocolos y presentaron una denuncia. En cuanto al hecho de que la niña fuera sola al centro de salud mental, aseguran que los educadores la acompañaron hasta una distancia de 200 metros del centro de atención y que ahí la dejaron sola para "trabajar su autonomía", según las explicaciones dadas a los medios gerundenses.
A diferencia de lo ocurrido con la menor de 12 años violada y prostituida por una red de pederastas, este caso se ha producido bajo el mando socialista en la Generalidad. El PSC es quien manda en la consejería de Derechos Sociales. Su consejera es Mònica Martínez Bravo, exsecretaria general de Inclusión con Pedro Sánchez.
Tras estallar el caso de esa niña, tanto el presidente de la Generalidad, Salvador Illa, como la consejera Martínez Bravo se comprometieron a cambiar de arriba a abajo la Dirección General de Atención a la Infancia y a la Adolescencia (DGAIA) y revisar el funcionamiento de los centros de acogida de los menores.
En paralelo al caso de la menor de 12 años, que se produjo bajo el mandato de ERC y Junts, la Sindicatura de Cuentas publicó un informe sobre decenas de irregularidades cometidas por la Generalidad desde 2016 y hasta 2021. Pero lejos de mostrar cierto interés en aclarar esas irregularidades, el gobierno de Illa se ha limitado a señalar que no existe un caso de malversación sino de mala praxis. Y respecto a los cambios en el funcionamiento de la DGAIA, la única novedad ha sido el cambio de nombre de la dirección general, que ahora se llama Dirección General de Prevención y Protección a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA). Todo lo demás sigue igual, como lo demuestra el último caso de una menor a cargo de la Generalidad violada.
El 3% de ERC
La madre de acogida de la niña denuncia que solicitó ayuda a la Generalidad porque la menor se escapaba y se autolesionaba. En vez de prestar algún tipo de asistencia, la DGAIA decidió hacerse cargo de la niña y enviarla a un centro en Gerona de la Fundación Resilis, que percibe en torno a seis mil euros mensuales por cada menor del que se hace cargo. Un educador denunció al respecto que algunas de las fundaciones con vínculos con ERC tenían la práctica de comunicar más menores de los que en realidad acogen para cobrar más dinero de los fondos públicos.
Ya bajo tutela y techo de la Generalidad, la niña, según explica la madre de acogida, no hacía más que escaparse llegando a pasar hasta una semana en paradero desconocido. La Generalidad replica al respecto que los centros de acogida no son centros de régimen cerrado y que los menores tienen libertad para entrar y salir a voluntad.
Ese es el modelo que el caso de la menor de 12 años prostituida puso en tela de juicio y que la Generalidad de Salvador Illa no está dispuesta a cambiar entre otras razones por el indispensable apoyo de ERC al sostenimiento del ‘Govern’.