El 18 de marzo de 2024 se registró en el Parlamento de Navarra una instancia general totalmente formal por las irregularidades observadas en la adjudicación de la obra de los túneles de Belate. La denuncia -firmada por un vocal de la propia mesa de contratación- no sirvió para nada porque tanto el Grupo Parlamentario de la socialista María Chivite como su gobierno decidieron aparcar el documento. Hoy esa obra constituye una de las principales adjudicaciones bajo evidente sospecha de haber sido amañada y haberse convertido en uno de los presuntos mecanismos de lucro de la trama de Santos Cerdán y de financiación ilegal del PSOE.
Una retahíla de mentiras
La carta que hoy reproduce Libertad Digital fue firmada por un vocal de la propia mesa de Contratación de obra pública en Navarra que ha extendido la mancha de la corrupción al Gobierno socialista de María Chivite. Se centra en una contratación concreta, la de los túneles de Belate. Y denuncia toda una retahíla de mentiras diseñadas para que la obra cayera en favor de una empresa.
La presidenta del Gobierno de Navarra, la socialista María Chivite, tuvo incluso que comparecer para intentar explicar la adjudicación del desdoblamiento de los túneles de Belate. Según Chivite todo era transparente. Pero lo cierto es que esa carta, desoída, revolucionó el caso de corrupción porque confirmaba toda una serie de irregularidades en la adjudicación del contrato.
Hay que recordar que la obra del túnel de Belate es una de las grandes licitaciones que acorrala a Santos Cerdán. Y está plagada de irregularidades desde el primer día. Tanto es así que, aunque es ahora cuando dicho proceso empieza a ser investigado judicialmente, los órganos fiscalizadores navarros lanzaron advertencias desde que, a principios de 2023, se abrió el proceso de adjudicación que, finalmente, terminó en manos de la UTE formada por Acciona, Servinabar 2000 y Fermín Osés. Servinabar es la empresa de la que ahora sabemos que Santos Cerdán poseía el 45% de las acciones por medio de un contrato privado no elevado al Registro Mercantil para mantener en secreto esa realidad. El contrato ha sido ya aportado a la causa judicial por la UCO.
La carta citada incluía un comentario personal: "Vaya por delante que soy ajeno y me resulta por completo indiferente la controversia política generada en torno a esta adjudicación y desconozco el alcance final de la disputa parlamentaria. Es más, si el control parlamentario de la acción de gobierno consiste en eso, resulta todo muy triste. No sé si con la comparecencia finaliza todo el análisis de la adjudicación o habrá algo más".
Pero, añadía, "lo que no puedo admitir es que en esa instrumentalización se falte a la verdad y, por añadidura, se me mencione y utilice para justificar una actuación que no comparto, tergiversando lo que yo he dicho en mis votos y con todo eso se venga a cuestionar la motivación y razón de ser del trabajo de quienes lo único que hemos pretendido es cumplir con nuestra obligación de forma responsable y de la mejor forma posible".
El texto proseguía: "Estoy obligado y es mi derecho aclarar unos hechos y fijar esos hechos en sus justos términos, sin medias verdades ni distorsiones. Luego que cada cual adopte el papel que mejor le vaya; el mío, desde luego, no es el de tragar sapos; tampoco va en mi nómina pasar por imbécil".
El funcionario desvelaba igualmente que ha "pedido por escrito que se aclaren ciertas cosas tanto al director general Pedro López como a la jeta del gabinete del Consejero; ninguna respuesta".
Y, a partir de ahí, enumeraba lo ocurrido en la adjudicación de los túneles: "Se ha escuchado en la comparecencia que ‘ninguno de los cinco miembros técnicos pone en duda [el informe de valoración]. Quien dice que no está suficientemente claro es la parte no técnica del tribunal, los dos juristas y el economista’. No sé qué quiere insinuarse con eso. ¿Cuál es nuestra función en esta fase en la que (está dicho) se decide todo? ¿Dar palmas? En ningún momento se cuestionó la capacidad y solvencia de los técnicos que valoraron, ni tampoco sus puntuaciones; tampoco hemos pretendido arrogarnos conocimientos técnicos de los que carecemos. Hemos reconocido hasta cansar que nosotros no estamos capacitados para valorar, ni pretendemos hacerlo. Pero no nos confundamos: existen conocimientos que todos tenemos y verificar la realidad de los hechos; comprobar si se dan razones válidas o sólo se dicen cosas sin mayor sentido (que el calado de las bocas difiere en tantos días o semanas o que coincide el mismo día; que el explosivo es un gel elaborado in situ y otros emplean uno diferente; que se trabajará a tres turnos todos los das de la semana, incluso festivos, mientras alguno dice que librará el domingo; y así mil cosas). Cualquiera puede saber que todos esos datos, sin ningún añadido, nada aportan ni penalizan. No se concluye nada".
Es más, la carta añadía el siguiente párrafo: "En las actas se deja constancia (porque es verdad, así lo dijeron), que cinco de los ocho miembros de la mesa (cinco, sí, también tres ingenieros) reconocieron saber de los comentarios en el sentido de que la obra de Belate se la llevaría una concreta oferta. Ese comentario no es de pasillo, ni un chisme; se dijo en una reunión de la mesa y figura en acta por su relevancia. Además, todos (presidente incluido y también consta en acta) admitieron que lo determinante en la adjudicación sería la valoración de las ofertas técnicas, pues el resto de criterios (también el económico, en el que existen empates al céntimo, incluso en presupuestos de decenas de millones de euros, como aquí sucedió) vendrían a resultar irrelevantes. Tienen transcendencia esos comentarios (cotilleos se dijo en la comparecencia), pues, como he dicho, en principio pueden quedarse ahí, no ir a más. Sin embargo, no es este el caso".
Y añadía: "Por favor, lean lo que dice el informe y los votos particulares. Por cierto, es curioso, puestos a insinuar: los únicos que disienten son los que no dependen jerárquicamente del órgano de contratación/ director general".
Y el vocal de la mesa empezaba a enumerar irregularidades pasadas por alto: "No es cierto que los votos particulares sean habituales en las mesas de contratación"; "no es cierto que el expediente del contrato de las obras de duplicación del túnel de Belate fuese "complejo, profuso y amplio" y por ello los "jurídicos" hayan tenido dificultades en su tramitación"; "no es cierto que la tramitación haya sido absolutamente legal y transparente. Ahí están los votos y el reparo (con el alcance que quiera dárseles)".
"Se ha incumplido el deber de sigilo y confidencialidad a pesar de las expresas advertencias y de las peticiones de las empresas"; "no es cierto que no sepamos cómo se hicieron las valoraciones (por favor, léanse las actas)"; "no es cierto el mal ambiente entre los compañeros miembros de la mesa"; "no es cierto que el interventor delegado haya refrendado la propuesta al fiscalizar positivamente la adjudicación"; y "es falso (y produce sonrojo escucharlo en sede parlamentaria) el argumento que quiere equiparar la legalidad del procedimiento con el hecho de que las licitadoras no hayan recurrido la adjudicación".