El primer día de huelga convocada por todas las asociaciones de magistratura menos las izquierdistas de Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales se ha saldado con un seguimiento del 75% de los jueces y fiscales de este país contra la llamada Ley Bolaños, una reforma judicial impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez que busca abaratar el acceso a la magistratura y que el proceso de instrucción pase a ser controlado por los fiscales en lugar de por los jueces de instrucción.
Según han informado la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) en rueda de prensa, tres de cada cuatro magistrados y fiscales españoles han seguido la huelga contra las políticas del Gobierno que, según han dicho, atacan a la independencia judicial; si bien han vuelto a recalcar que esta no es una huelga contra el Ejecutivo liderado por el secretario general de los socialistas, sino en defensa del Poder Judicial y el Estado de Derecho.
La cifra podría ser superior
En concreto, la presidenta de APM, María Jesús del Barco, ha detallado que el número de seguimiento de la huelga ofrecido por las asociaciones convocantes se refiere al número de personas que han comunicado al comité de huelga que han seguido los pasos de las asociaciones convocantes, recogiendo el dato a las 13 horas. Por ello, no se descarta que el número sea aún mayor y que haya habido afines a la huelga que se hayan adherido y no lo hayan comunicado vía correo electrónico como estaba aconsejado, ya que este paso no era obligatorio.
El seguimiento habría sido mayor por parte de los magistrados que por parte de los fiscales, ya que la presidenta de la Asociación de Fiscales, Cristina Dexeus, ha informado de que el cálculo que manejan las asociaciones convocantes es que, dentro del 75% que ha seguido la huelga, mil personas eran fiscales, frente a los 2.500 fiscales que integran la carrera. Cabe recordar que la Fiscalía se encuentra jerarquizada –al contrario de los jueces— y que el mayor responsable de los fiscales es el Fiscal General del Estado (FGE), Álvaro García Ortiz; que se encuentra procesado por un supuesto delito de revelación de secretos que habría afectado a la pareja de un rival político de Sánchez.
Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado se han mantenido al margen del seguimiento de la huelga asegurando que esta no ha sido convocada oficialmente. Algo por lo que el Ministerio de Justicia que dirige el socialista Félix Bolaños ha pedido que se lleve un recuento del seguimiento de la huelga para poder así restar el sueldo de los manifestantes la cuantía correspondiente al día que no han trabajado. Un hecho que las asociaciones convocantes han normalizado sin pedir en ningún caso que se les retribuya el día de huelga.
"Nunca quisimos llegar hasta aquí"
Aun así, las organizaciones de jueces y fiscales se han mostrado "satisfechos" por el "éxito" de seguimiento que ha supuesto esta convocatoria en defensa del Poder Judicial, que fue secundada el pasado sábado con una concentración a las puertas del Tribunal Supremo a la que acudieron, según Delegación de Gobierno, 3.000 personas en contra de la Ley Bolaños. "Nunca quisimos llegar hasta aquí, pero nos hemos visto forzados a ello", ha aseverado Dexeus.
Asimismo, el Sergio Oliva, portavoz de AJFV y juez experto en asuntos laborales, ja explicado lo sorprendente que es que la cartera de Bolaños ni si quiera haya llamado a las asociaciones convocantes para tratar de impedir la huelga o intentar llegar a un acuerdo en el que ambas partes queden conformes. "No lo concibo", ha dicho Oliva achacando "al empleador", es decir, al Ministerio que ni siquiera intente evitar un conflicto colectivo. Algo que demostraría la intención de Bolaños de llegar hasta el final con esta norma, que ha sido tramitada como urgente en el Parlamento para que evitar que los grupos parlamentarios introduzcan cambios en la misma.
La huelga "tiene elementos de peso"
En otro orden de cosas, Del Barco ha recordado que las asociaciones pidieron reuniones con los diferentes grupos parlamentarios obteniendo respuesta sólo de los tres mayoritarios en la Cámara Baja. En cuanto a estos, PP y Vox presentaron enmiendas a la totalidad de la ley, mientras que los socialistas desoyeron las demandas de jueces y fiscales. Un motivo por el cual ha vuelto a negar que la protesta sea de índole política, como quieren hacer ver desde el Gobierno de Sánchez. "Tiene elementos de peso clarísimos", ha zanjado Del Barco.
En este sentido, Dexeus ha subrayado la falta de mecanismos de independencia que la reforma judicial plantea para los fiscales, que dependerían de su superior y, por ende de García Ortiz. "Una Fiscalía que pueda estar en algún momento dominada por el Gobierno, cualquiera que sea, no es una Fiscalía que convenga a ninguno de los ciudadanos", ha sentenciado la portavoz de la Asociación de Fiscales, que lidera a aquellos fiscales que se niegan a recibir la instrucción de los casos si no tiene las garantías de independencia suficientes.