Ni Jueces y Juezas para la Democracia ni la Unión Progresista de Fiscales decidieron sumarse al paro de tres días convocado por las asociaciones judiciales mayoritarias, que culminaban así sus protestas contra las leyes que ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Justicia y que, denuncian, amenazan la independencia judicial.
Tras días explicando por qué ellas no lo ven así, la Unión Progresista de Fiscales, de la que fue portavoz el fiscal general Álvaro García Ortiz, ha variado sustancialmente su postura, lanzando en plena huelga un duro comunicado contra una enmienda presentada por el PSOE relativa al proceso extraordinario de estabilización del empleo temporal de las carreras judicial y fiscal.
El proceso, que implicará la incorporación de 1.004 jueces y fiscales sustitutos, será aún más favorable para estos candidatos frente a los opositores con la propuesta socialista. En el punto 14, se establece que:
"Los que superen la fase práctica de formación y selección serán nombrados jueces y juezas, abogados o abogados fiscales por el orden de la propuesta hecha por la Escuela Judicial o el Centro de Estudios Jurídicos, respectivamente, accediendo a los escalafones de la carrera judicial y fiscal inmediatamente del último juez o jueza o abogado o abogada fiscal que haya accedido. Quienes accedan a la carrera judicial o fiscal quedarán adscritos respectivamente al Tribunal Superior de Justicia o a la Fiscalía de la Comunidad Autónoma de su último nombramiento como persona sustituta o suplente o de su residencia al tiempo de publicarse la convocatoria del proceso de estabilización a elección de la persona del nuevo ingreso".
La enmienda supone, pues, que los nuevos jueces y fiscales con plaza mediante este método podrán elegir el destino, algo que ha llevado a la UPF a expresar su "absoluto rechazo" por suponer "un perjuicio y una absoluta injusticia para el resto de compañeros y compañeras que acceden a la carrera fiscal por el turno libre de oposición, así como aquellos que ya formamos parte, que se ven obligados, con un coste personal y familiar, a residir fuera de su domicilio durante muchos años, por no poder concursar a su domicilio por falta de plazas".
Caso único entre los funcionarios
La asociación continúa lamentando que en la propuesta "se llega a indicar que tendrán un derecho de elección entre el lugar de su último nombramiento o en su caso de su domicilio", un derecho, afirman, que "jamás se ha reconocido en ningún proceso de acceso a la función pública ,ni por supuesto a la carrera fiscal".
Los fiscales de este colectivo "progresista" denuncian que el proceso en sí es prueba de que "se ha acudido en exceso a las sustituciones externas" y reclaman que el Ministerio ofrezca esas plazas "en concurso a toda la plantilla" y las que queden vacantes se ofrezcan a "las personas que accediesen a la carrera fiscal por el procedimiento extraordinario de estabilización".
Un rechazo que puede ser total
Por todo ello, piden "la retirada inmediata de esta enmienda" y lanzan un aviso: se reservan, en el caso de no ser así, "proceder a replantearnos nuestra postura y asumir un rechazo total a este proyecto legislativo, así como adoptar otras medidas de conflicto que puedan surgir", sin concretar si aluden a movilizaciones o nuevas huelgas.
También Juezas y Jueces para la Democracia ha emitido un comunicado crítico con esta enmienda en el que reclaman al PSOE una reunión urgente por vela "inaceptable". En su opinión, "ahonda hasta hacer inasumible, discriminatorio y profundamente disruptivo" el proceso de estabilización de jueces y fiscales sustitutos.
"Ruptura del principio de igualdad"
Para JJpD, permitir la adscripción de los jueces sustitutos a los tribunales en los que vinieran sirviendo "es una medida que no tiene justificación", ya que "provoca la ruptura del principio de igualdad dentro de la carrera judicial, cercena los derechos a la movilidad profesional de los miembros que ya están en la carrera profesional, y afectará al normal desarrollo de la planta judicial".
La asociación critica otros aspectos de la reforma, como impedir que concursen en un plazo de cinco años o rebajar a un 40 la puntuación necesaria para considerar aprobado un dictamen, lo que "supone excepcionar la normal apreciación de suficiencia y capacidad exigible a los aspirantes que se sitúa en un 5 (o 50)".
Para esta asociación, que no se ha sumado a la huelga, "se deben adoptar medidas de fomento, que aquí brillan por su ausencia, para evitar que esta entrada masiva y extraordinaria produzca efectos perjudiciales o desaliente los métodos ordinarios que suponen la garantía de un futuro que puede volverse más que sombrío con el colapso que amenaza provocar esta falta de planificación previa". "Las prisas nunca son buenas consejeras y llevan a asumir apariencias y cometer errores", señala. La asociación "jamás apoyará un régimen discriminatorio, disruptivo y arbitrario como el que se presenta".