Lejos de alejar la sombra de la corrupción de su Ejecutiva, el PSOE sigue alimentando las sospechas tras elegir sustituta de Santos Cerdán a Rebeca Torró, ya que la valenciana también habría adjudicado jugosos contratos a una de las empresas salpicadas por la trama durante su época como consejera de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de Ximo Puig. Se trata de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC), cuyo dueño, José Ruz, declara precisamente este viernes en el Tribunal Supremo.
Según las primeras estimaciones, Torró habría regado al empresario con más de 7,5 millones de euros entre mayo de 2022 y junio de 2023, el periodo en el que fue consejera. Una de ellas la heredó de su predecesor, pero fue formalizada justo después de que ella asumiera el cargo; otras tres se adjudicaron durante su mandato.
La primera de las obras adjudicadas, la permeabilización ciclopeatonal de la autovía CV-35 en el término municipal de San Antonio de Benagéber, data de octubre de 2022 y asciende a 1.106.304,04 euros. Como suele ser habitual en los procesos relacionados con la trama, Levantina, Ingeniería y Construcción se hizo con el contrato gracias a la fase subjetiva, donde logró superar por cuatro puntos a la empresa con la que competía, el Grupo Bertolín.
En noviembre de ese mismo año, la consejería de Torró concedió a LIC —en UTE en esta ocasión con Díez y Compañía S.A.— las obras de la pasarela metálica sobre la CV-35 por valor de 486.292,64 euros (IVA incluido), que, además, contó con fondos europeos. Lo mismo sucedería apenas un mes después con la pasarela peatonal y ciclista de Font de l’Omet, cuyo importe total ascendió a 874.744,01 euros, un precio mucho más alto que la primera vez que se sacó a licitación, según alegaron entonces los socialistas, debido a la subida del precio de las materias primas.
Además, Torró heredó un contrato que había sido adjudicado a LIC por 5.287.983,97 euros justo antes de su aterrizaje en la consejería. Se trata de la ejecución de las obras de un paso inferior en la avenida Beniardá de Benidorm, bajo la línea 9 del TRAM de Alicante, una licitación que se formalizó justo tras su nombramiento.
Una consejera polémica
A su posible vinculación con la trama, hay que sumar las múltiples polémicas en las que Rebeca Torró se vio envuelta durante su breve mandato al frente de la consejería de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Durante estos años, adjudicó varios contratos de material sanitario, lo que llevó al PP a interponer una denuncia ante Antifraude por valor de casi 45 millones de euros que sigue investigándose.
Además, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que la nueva secretaria de Organización del PSOE fue la responsable como consejera y secretaria autonómica de numerosos "desaguisados" en infraestructuras ferroviarias valencianas. Según ha dicho, Torró tuvo "la habilidad" de adquirir unos "tranvías que no pasaban por los puentes", lo que obligó a gastar 17 millones de euros para reformar y rehacer puentes como el del Mascarat o Algar.