El Supremo empieza a valorar indicios serios de la presunta financiación ilegal del PSOE. Libertad Digital ya ha informado de que el auto de ingreso en prisión del ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, es "la antesala" de la imputación del PSOE de Pedro Sánchez como persona jurídica por un delito de financiación ilegal, según fuentes conocedoras del proceso. Pero la cosa va a más. Y es que el propio Santos Cerdán reconoció ante el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, y a preguntas de su letrado, que mantenía una comunicación y coordinación con la trama con respecto a las obras públicas presuntamente amañadas por su "condición orgánica del responsable del PSOE y la necesidad de relacionarse con la acción de Gobierno".
El Supremo ha tomado nota de esta frase porque, como es evidente, no existe ninguna responsabilidad que lleve al responsable de un partido a seguir las concesiones de obra pública del Gobierno, a menos que dependa de ellas para algo. Y justo ese algo es la sospecha del caso: la financiación del partido.
"Licitación y adjudicación de obras públicas"
El escrito del Supremo señala resume lo siguiente: "A mayor abundamiento, consta también en las actuaciones que durante el período en el que don José Luis Ábalos ejerció como Ministro de Transportes, este y su asesor, don Koldo García, intercambiaron con don Santos Cerdán ciertos mensajes relativos a la licitación y adjudicación de obras públicas, sin que este último ostentara en relación con estas materias competencia o responsabilidad administrativa alguna que pudiera justificar su conocimiento o intervención en aquellas". ¿Cómo explicó este delicado asunto Cerdán? El Supremo lo resume: "El investigado atribuyó [esta vinculación] en el curso de su declaración a su condición orgánica del responsable del PSOE y la necesidad de relacionarse con la acción de Gobierno, interesándose, según explicó abiertamente a preguntas de su Letrado, por las obras que se correspondían con localidades en las que próximamente tendría lugar procesos electorales". Lo cierto es que hay rastros de obras sospechosas ligadas a la trama en ocho comunidades autónomas. El magistrado instructor ha dejado constancia en su escrito de la importancia de esta frase: "No tanto, según creyó entender este instructor, por el interés que las referidas obras pudieran tener para la ciudadanía, cuanto por los beneficios electorales que la licitación o ejecución de aquéllas pudieran representar para su partido".
"A su vez, también consta indiciariamente justificado que, recién producido el nombramiento del Ministro, don Santos Cerdán remitió a don Koldo García -asesor del Ministro que este designó como tal, según ha explicado en sus declaraciones don José Luis Ábalos (aunque don Santos lo niega)- sugerencias o indicaciones, aconsejando o desaconsejando determinados nombramientos.
Así, por ejemplo, el 18 de junio de 2018, don Santos envió a don Koldo un mensaje de texto en el que le decía: "Que no se le ocurra poner en ADIF a Teófilo Serrano. Es de Navarra, mal tío y tengo muy mala información de él" (pág. 279 del informe policial)". También ese mismo día, "don Santos habría enviado un documento con diferentes propuestas de nombramientos a don Koldo, documento en el que destacaba como "importante" el de don Javier Herrero Lizano como Director General de Carreteras, nombramiento que, efectivamente, se produjo, siendo que el mencionado don Javier podría haber tenido después intervención activa en las indebidas adjudicaciones de obra, lo que ha determinado la deducción de testimonio al Juzgado Central de Instrucción número 2 al efecto de que se depuren sus posibles responsabilidades".
Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital aseguran que "el auto de prisión de Santos Cerdán dictado por el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente es la antesala de la previsible imputación del PSOE como persona jurídica por un presunto delito de financiación ilegal". De hecho, el instructor no descartaba en su auto que "más personas jurídicas pudieran haberse lucrado": "El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas.
En efecto, si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones --porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes-- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los cinco millones de euros, varias veces mayor que la parte que indiciariamente correspondía a los Sres. Ábalos y García". "Ello refuerza así, siempre en los términos indiciarios tantas veces señalados, la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de los Sres. Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las tan mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento", añadía.