El "pleno escoba" celebrado este martes, que deparó a Pedro Sánchez una dolorosa derrota al tumbarse el conocido como decreto "antiapagones", sí le dio la victoria de la aprobación de la reforma del reglamento del Congreso que a partir de ahora permitirá sancionar a los periodistas que la mesa del Congreso considere díscolos.
En esta ocasión, los socios del PSOE no le dejaron solo: votaron a favor, además de los socialistas, Sumar, Podemos, PNV, EH Bildu, Junts, ERC, BNG y Coalición Canaria. Mientras, Vox, PP y UPN reiteraron su rechazo a los cambios con palabras muy duras contra las intenciones de Pedro Sánchez y sus aliados y afiladas críticas con quien tendrá la responsabilidad de "purgar" a la prensa, la presidenta de la cámara, Francina Armengol.
El diputado de Vox Jacobo González Robatto afirmó que "traen de vuelta una iniciativa para oficializar la censura". La diputada del PP Carmen Navarro cargó contra un "régimen sancionador" con el que "ahora quieren purgar la prensa parlamentaria", ignorando las recomendaciones del informe de los letrados de la cámara que apuntaban a imprecisiones que daban "inseguridad jurídica" y dando un arriesgado paso que "empuja a la sociedad al límite de lo soportable".
Los avisos sin embargo cayeron en saco roto y pese a la advertencia de que Armengol pretende con este reglamento "mutualizar entre todos el daño que causa la censura sanchista" los cambios salieron adelante con el respaldo de la mayoría de los grupos y el apoyo público de la presidenta del Congreso, que llamativamente ha publicado artículos en eldiario.es y La Vanguardia justificando la reforma recién aprobada.
En el artículo de El Diario, publicado el mismo día en que se votaban los cambios, Armengol se amparaba en las quejas de periodistas para defender las sanciones: "Hay comportamientos que no están permitidos en ningún sitio, y todos y todas lo sabemos, a estas alturas de civismo no hace falta que nadie nos lo explique", decía poniendo como ejemplo una consulta médica: "No podemos ponernos a grabar al especialista con el móvil mientras le preguntamos una barbaridad tras otra, no podemos perseguirle por determinados pasillos del hospital, de acceso privado, no podemos armar gresca mientras intenta atender a otros pacientes y no podemos, en ningún caso, insultarle o amenazarle".
No voy a engañar a nadie: como presidenta del Congreso, quisiera que no hubiera hecho falta reformar el Reglamento para poder permitir a los y las periodistas hacer su trabajo.
Mi opinión, en @LaVanguardiahttps://t.co/ZZKnMdMGd4 pic.twitter.com/VOwVPsbDSM
— Francina Armengol (@F_Armengol) July 23, 2025
En el de La Vanguardia, publicado este miércoles, proclama: "No se puede ejercer el periodismo mientras un grupo de perturbadores hostiga a los profesionales. Nunca había presenciado algo así en toda mi carrera política. Increpar, perseguir, señalar, acusar, insultar. Armar gresca hasta la extenuación de las personas decentes que intentan hacer su trabajo. Es una vergüenza que ocurra esto en un país democrático como el nuestro, ni más ni menos que en el Congreso, pero lo cierto es que ocurre. Y hay que poner remedio".
Añade Armengol que "esta reforma no viene para coartar la libertad de prensa, ni para restringir ningún derecho, en absoluto. Más bien al contrario", pero el texto recién aprobado abre una puerta inédita al control de los medios acreditados, que como señalaron los letrados de la cámara, puede chocar con los artículos de la Constitución referidos a la libertad de información.
Las claves de la reforma
El recién reformado artículo 98 referido a la presencia de medios de comunicación en el Congreso, establece las condiciones para la concesión y renovación de acreditaciones, "atendiendo a la necesidad de respetar el derecho a la información veraz y el buen funcionamiento de la cámara". Los periodistas, apunta, "respetarán, en el recinto del Congreso de los Diputados y zonas de acceso al mismo, las reglas de cortesía parlamentaria y las directrices e instrucciones que acuerde la Mesa. Nadie podrá, sin la correspondiente credencial, realizar grabaciones gráficas o sonoras dentro de las dependencias de la Cámara. Tampoco se podrán realizar grabaciones de las sesiones de los órganos parlamentarios sin la autorización de la Presidencia del órgano".
Los grupos, apunta, "podrán designar a una persona que coordine sus ruedas de prensa y otros encuentros con representantes de los medios de comunicación acreditados en la Cámara. Esta persona dirigirá las instrucciones pertinentes al efecto de garantizar el orden de estos encuentros".
Por otro lado, se establece la creación de un "Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria", formado por un miembro de cada grupo y presencia "de entidades representativas" del ámbito de la información. Su función será la "elaboración de un informe" en el plazo de quince días después de que se inicie un procedimiento sancionador. En dicho informe, el consejo propondrá "la adopción de sanciones" y tras ello "la tramitación y resolución del procedimiento corresponderá a la Mesa de la Cámara".
En cuanto a las infracciones, se catalogan en leves, graves o muy graves. Mientras que las leves se corresponden a omisión de información al pedir la credencial o accesos no autorizados, las graves incluyen grabación de imágenes sin autorización, "interrumpir el orden de las ruedas de prensa", el acceso a espacios reservados "tales como despachos o zonas de reunión" o "cualesquiera otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación". En cuanto a las muy graves, incluyen "faltas de respeto o a las reglas de cortesía", citando "insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad de otras personas" o "interrumpir el orden de las sesiones parlamentarias".
Las sanciones van del apercibimiento a las suspensiones de la acreditación, desde diez días hábiles hasta los cinco años, con la posibilidad incluso de la "revocación definitiva de la credencial". Además, establecen que en caso de sanciones muy graves el periodista no podrá ser sustituido por otro del mismo medio "durante el tiempo que dure la suspensión de la credencial". Asimismo, "si la infracción se refleja en una publicación en un medio que no indica la autoría, se suspenderán todas las credenciales vinculadas a dicho medio de comunicación por un tiempo de entre seis meses y tres años".